lunes 21/9/20

La Xunta activa el proceso de denuncia y da al Gobierno un mes para responder a su requerimiento

Feijóo da por hecho que será necesario el recurso contencioso y lamenta que “la mentira” se adueñe de la política 
Feijóo informa de las iniciativas aprobadas por el Consello para reclamar el IVA pendiente | ep
Feijóo informa de las iniciativas aprobadas por el Consello para reclamar el IVA pendiente | ep

El Gobierno gallego autorizó ayer a la Asesoría Xurídica de la Xunta y a la Consellería de Facenda a poner en marcha el procedimiento que llevará al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a los tribunales por el “hurto” de los 200 millones del IVA si en el plazo de un mes no responde favorablemente al requerimiento previo que le enviará la Xunta.

Después de anunciar en el pleno que agotaría las vías en el ámbito judicial para reclamar los recursos derivados de la mensualidad del IVA de 2017, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, confirmó, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, que el paso fue formalmente autorizado.

“Empezaremos con el envío al Ejecutivo central de un requerimiento previo ante el que el Gobierno tiene un mes para responder. Si no lo hace o da una respuesta negativa, inmediatamente presentaremos un recurso contencioso administrativo, es decir, lamentablemente llevaremos a los tribunales al Gobierno”, constató el presidente gallego.

La Xunta da este paso, incidió, al considerar que ya no queda margen en la vía del diálogo institucional y “en contra” de su premisa de “no judicializar” cuestiones entre administraciones públicas.

Pero ante la actitud del Gobierno central, avisó de que el Gobierno gallego se ve “en la obligación de defender el sistema de financiación, el autogobierno y el Estatuto de Autonomía”. “Nos vemos en la obligación de denunciar y lo lamentamos profundamente, pero yo prometí el cargo para defender los intereses de Galicia de acuerdo con el Estatuto y la Constitución; y lo hacemos (el Consello) como órgano colegiado”, dijo.

De hecho, interpretó que él mismo y el resto de miembros del Gobierno podrían ser denunciados “por dejación de funciones” si no reivindican 200 millones de euros que deberían haber sido ingresados en las arcas públicas de la hacienda gallega.

Una flagrante ilegalidad
Feijóo recordó que Galicia fue la primera comunidad que, en julio de 2018, puso sobre la mesa el problema del IVA y criticó las distintas versiones ofrecidas por el Gobierno central, antes de incidir en que “es la primera vez en 40 años” que por una cuestión de este tipo (relativa a los impuestos recaudados) hay que ir a los tribunales, lo que calificó de “hecho lamentable, novedoso y de enorme deslealtad”.

“El Gobierno no quiso dialogar, ni acercar posturas, ni buscar soluciones”, subrayó, antes de poner el acento en que hace año y medio que no se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pese a que sería “obligatorio”, según recoge la normativa vigente, que se convoque al menos dos veces al año.

“Esa es otra flagrante ilegalidad; ni hablan, ni nos convocan, ni negocian, ni se sientan, ni acuerdan. Una vez dicen que no pueden pagar, después que el dinero no existe o que esto es un problema de las comunidades que reclaman lo que no les corresponde”, lamentó, para censurar, a renglón seguido, que “la mentira” se haya “adueñado de la política española”.

Feijóo repasó cada paso de lo que considera “la crónica de un aquelarre presupuestario” y insistió en que la demanda de los 200 millones de euros fue respaldada “por todos los grupos en el Parlamento excepto por el PSdeG”, y por dirigentes autonómicos de todos los colores políticos.

También “hay consenso” entre los expertos de financiación, añadió Feijóo, en que las deudas con las comunidades “no tienen caducidad”.

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