10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El Valedor do Pobo, José Julio Fernández, que desempeña este cargo de modo interino, afirmó ayer que el Estado social “no puede crecer de modo ilimitado”, sino que debe “adaptarse a cada momento histórico” como el actual, en el que el número de demandantes de ayuda crece por la crisis y el reconocimiento de nuevas circunstancias, como la pobreza energética.
El número de quejas al Valedor aumentó el pasado año un 27,8 por ciento respecto al año anterior hasta las 24.149, sobre todo por asuntos relacionados con políticas globales de carácter social, relató Fernández.
El Valedor presentó el informe ordinario de actividad de la institución referido al año 2014, tras entregarle una copia a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, con lo que inicia de este modo su tramitación en la Cámara autonómica.
Señaló que el número de asuntos derivados de las quejas tramitadas fue de 2.310, un 15 por ciento menos que el año anterior, debido a que muchas quejas se presentaron de modo colectivo, sobre todo en temas de “abusos bancarios” como las cláusulas suelo o los desahucios, y también en la situación de la cirugía pediátrica en Ourense, el anterior proyecto de reforma de la ley del aborto y el concurso de traslados de personal docente.
La oficina del Valedor tramitó en 2014, incluidas las quejas, un 30 por ciento más de asuntos respecto al año anterior, hasta los 30.722, lo que sirvió a José Julio Fernández para insistir en la reclamación de más personal, ya que la institución está “saturada” y además se le han encomendado nuevas competencias, como la defensa de los derechos de las personas LGTBI.
En su intervención, el Valedor explicó que en su opinión, sobre 10, las políticas públicas para resolver los distintos problemas que presentan los ciudadanos están en un 7.
El Valedor destacó las iniciativas puestas en marcha por las administraciones –como el bono social– pero reivindicó la mejora de los mecanismos para que puedan acceder a ellas.
Además, pidió “colaboración” a las empresas suministradoras porque es “inasumible” que con ganancias de millones de euros corten el suministro en invierno a familias con menores a cargo.
Una cuestión similar demandó a las entidades bancarias en el tema de los desahucios, ya que es preciso buscar soluciones porque una familia con menores o personas discapacitadas a cargo no puede ser en ningún caso desahuciada.
Destacó la colaboración permanente y fluida con los colectivos antidesahucios y aseguró que en los casos en los que ha mediado su oficina no se ha llegado a producir ningún desahucio.
Fernández aprovechó para cargar contra la aplicación que algunas entidades bancarias hacen todavía de cláusulas suelo en las hipotecas y la mala relación con su oficina cuando se les ha pedido colaboración.
También destacó el trabajo desarrollado sobre pobreza infantil, del que indicó que están elaborando datos “de calidad” para dimensionar adecuadamente el problema, si bien reclamó un aumento de presupuestos de los servicios sociales tanto municipales como autonómicos.
Además, reclamó “más agilidad” en la prestación de ayudas como la Risga para evitar situaciones de emergencia social, ya que si existe una demora excesiva no se palía la situación de emergencia que estas ayudas deberían ayudar a combatir.
Reconoció una “discrepancia” con la Consellería de Traballo e Benestar, que limitó al ámbito técnico, ya que el Valedor entiende que tras dos o tres meses sin respuesta a una solicitud habría que considerar la ayuda concedida por silencio administrativo, mientras que el departamento autonómico aduce que tiene que haber resolución, aunque tarde más que ese tiempo.
