10º-17º
jueves | 18 abril | 2024
Así figura en un fallo, al que tuvo acceso EFE, que responde al recurso presentado por la empresa Aucosa Eólica, que había sido preseleccionada y la segunda que había obtenido más megavatios, en el concurso de la anterior administración del Gobierno bipartito.
El abogado de esta sociedad, Ulises Bértolo, explicó a EFE que aquel Ejecutivo tramitó el concurso eólico y abrió procesos administrativos para que en el plazo de tres meses las sociedades con anteproyectos preseleccionados pudiesen autorizar la puesta en funcionamiento de los parques.
En ese momento, al acceder el nuevo Gobierno de la Xunta decidió cambiar el modelo eólico y suspendió estos procesos de puesta en funcionamiento de parques, que es lo que ahora anula el TSXG, señaló el letrado.
El abogado explicó que la Xunta argumentó su decisión en que el concurso del bipartito se tramitó en base a un decreto considerado ilegal y también porque pensaba hacer un nuevo modelo.
Las empresas ganadoras del concurso, dijo, "de repente vieron frustrados sus derechos" por un cambio de modelo. El tribunal no aceptó una de las pretensiones de la empresa demandante: que la decisión de suspender las autorizaciones tendría que recaer en el Consello de la Xunta y no ser decidida por la Consellería.
No obstante, subsidiariamente, el tribunal considera que sólo se podría haber suspendido el proceso una vez que la ley eólica fuese aprobada y publicada, pero no así con la existencia de un mero proyecto legislativo, argumenta el abogado.
Para Bértolo, la Xunta anticipó así una decisión antes de que se publicase la ley e indicó que la sentencia entra en una "cuestión de fondo". El fallo, según dice la sentencia, es firme y contra él solo se podrá imponer recurso de casación.
El abogado interpreta que si la suspensión se ha anulado, puede suponer "la reclamación de daños y perjuicios". Ulises Bértolo recordó, además, que el TSXG ya resolvió con anterioridad contra el criterio de la Xunta que el modelo eólico del bipartito era legal.
Además, apuntó que todavía falta por resolver otro recurso de la misma empresa contra el desestimiento de los procedimientos decididos tras la promulgación de la ley, ya que la Xunta renunció definitivamente a los procedimientos. El abogado, finalmente, afirmó que el propio fallo habla de que la Xunta pudo haber incurrido en "desviación de poder".
Para concluir, Ulises Bértolo indicó que, con este fallo, se declara la "ilegalidad" de la decisión de la Xunta, con lo que se reconoce la "frustración de los derechos de las empresas que habían sido seleccionadas".
Por su parte, la formación nacionalista Anova ha solicitado tras este fallo judicial la dimisión del conselleiro de Industria, Javier Guerra, por entender que la decisión del Gobierno gallego "ahora se demuestra ilegal y carente de fundamento".
