Treinta y cuatro cámaras vigilarán los montes gallegos desde mayo

La red digital de videovigilancia para contribuir en la prevención de incendios forestales en los montes gallegos constará de 34 cámaras en una primera fase, que la Xunta espera que esté en marcha a partir de mayo.
Además, los costes de extinción podrán ser repercutidos a los propietarios que incumplan su obligación de limpiar el monte, las distancias mínimas que establece la ley de montes o que mantengan en estado de abandono parcelas que fueron concentradas, en el caso de que estos incumplimientos “provoquen o agraven” un incendio forestal.
Así lo destacó, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien señaló que las cámaras cubrirán un 48% del territorio y las 73 parroquias de alta actividad incendiaria.

Sin orden judicial
Además, Feijóo expuso las doce medidas que Medio Rural presentó esta semana a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que, entre otros aspectos, habilitan para la expropiación de fincas de propietario desconocido y para intervenir en solares sin orden judicial. En este último caso, remarcó que “lo que es inviolable es el domicilio”, para diferenciarlo de la finca que lo rodea.
Estas medidas, que modifican cuatro leyes, serán presentadas por el grupo parlamentario del PPdeG a modo de enmiendas, para su incorporación a la ley de acompañamiento de los presupuestos, según explicó el titular del Gobierno autonómico. El Consello de la Xunta analizó un informe sobre las modificaciones relacionadas con la gestión forestal que la Xunta prevé que se incorporen a la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de 2018, con el fin de aplicarlas “de forma casi inmediata”.
Entre ellas, el Ejecutivo destaca el hecho de que los montes vecinales en mano común que no estén explotados adecuadamente podrán declararse en estado de grave abandono de forma que puedan ser incorporados al Banco de Terras.
Podrá ofertarse su gestión a terceros que estén dispuestos a poner el monte en valor durante 50 años, siempre y cuando la comunidad rechace el cuidado del monte o su puesta en valor.
En el caso de terrenos que dificulten la gestión de los montes por parte de las sociedades de fomento forestal (Sofor), o bien se incorporarán al Banco de Terras o incluso se expropiarán.
Además de estas nuevas enmiendas, la reunión semanal de la Xunta analizó el paquete de medidas en el que están involucrados los ayuntamientos, que recoge la que establece que los costes de extinción podrán ser repercutidos a los propietarios que incumplan sus obligaciones. l