domingo 9/8/20

SPJ-USO, UGT y CCOO aceptan la última oferta de la Xunta para el sector de la justicia

CUT, STAJ y CIG se posicionan en contra del acuerdo y avisan de que la huelga sigue todavía vigente

Un momento de la última reunión, el pasado martes | lavandeira jr. (efe)
Un momento de la última reunión, el pasado martes | lavandeira jr. (efe)

Los sindicatos SPJ-USO, UGT y CC.OO. aceptaron ayer la última oferta presentada por la Administración autonómica para el sector de la justicia tras el ultimátum dado por la Xunta en la mesa sectorial del 15 de mayo, fecha en la que dio a las organizaciones sindicales tres días para aceptar su propuesta o se vería “liberada” para cerrar el conflicto.
Estas organizaciones se posicionaron a favor del acuerdo  después de que la Xunta rechazase la solicitud de SPJ-USO para ampliar hasta el día 23 el plazo que terminaba a las 14.00 horas de ayer con el objetivo de consultar la propuesta con los trabajadores. Por su parte, Alternativas na Xustiza, STAJ, CSIF y CIG continúan sin aceptar el plan.
Tras esta decisión, según Julio Bouza, de SPJ-USO, este sindicato, mayoritario en el sector, prevé abandonar el comité de huelga, órgano del que ya habían salido tanto UGT y CCOO, y da por finalizado el paro indefinido iniciado el pasado 7 de febrero. Con todo, el propio vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró el pasado martes que la huelga ya no estaba vigente al ser “interrumpida” y anunció que la Administración derogaría los servicios mínimos.
La oferta de la Administración se traduce en un aumento de 140 euros más al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza en este ejercicio, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.

Por encima de la media
También contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el TSXG y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores de forma voluntaria hayan o no secundando el paro. Además, incluye una cláusula de revisión para mantener los emolumentos de por encima de la media de las otras doce comunidades más el “territorio Ministerio”. Con todo, esta propuesta fue rechazada por casi un 53% de los trabajadores.
El sindicato SPJ-USO, mayoritario en el sector de justicia, explicó que se suma al acuerdo en un “ejercicio de responsabilidad” y, “sobre todo de representatividad” por ser “el sindicato mayoritario”. Además, anunció que explicará su posición a los trabajadores en asambleas que celebrará la próxima semana. Y es que, según argumentan, ante la “imposibilidad de poder consultar a los trabajadores” sobre esta propuesta por la negativa de la Administración a ampliar el plazo de respuesta, han decidido unirse al acuerdo. “Dejar en manos de la Xunta la posibilidad de inaplicación, suspensión o retirada de las condiciones conseguidas en el referido principio de acuerdo supone un grave riesgo de pérdida de derechos para los trabajadores”, advirtieron.
Por su parte, UGT, que también dio por desconvocada la huelga, explicó que también firma el acuerdo por “responsabilidad”. “No podemos permitir que todo el tiempo que participamos en una reivindicación con una huelga tan descomunal pueda quedar en nada”, manfestó Manuel Díaz.
En esta línea, Tino Novoa, de CCOO, destacó que este sindicato se suma al acuerdo después de que una “mayoría abrumadora” de sus afiliados considerasen que “hay que dar carpetazo a la huelga”, un paro que, en su opinión, “no tiene sentido que continúe”.
Enfrente, Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG no respondieron al ultimátum toda vez que consideran que la mesa sectorial no era el foro adecuado para solucionar el conflicto mientras esté el paro indefinido en vigor. Asimismo, Pablo Valeiras (CUT), Enrique Araújo (STAJ) y Óscar Freixedo (CIG) coincidieron al recordar que los trabajadores se manifestaron el 27 de abril en contra de esta oferta de la Xunta por considerarla insuficiente. Además, las tres organizaciones recuerdan que la huelga sigue convocada y remiten la decisión de ponerle fin al comité.
Por último, CSIF, que critica que el Gobierno “no moviese un dedo” para buscar una solución, avisó a la Xunta que es “un grave error” cerrar “en falso” el conflicto y remitió a la Administración y al resto de sindicatos una petición formal de medicación.

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