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jueves | 25 abril | 2024
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intermedió en el conflicto abierto por la subida en un 34% de la tasa que Sogama cobra a los ayuntamientos por el tratamiento de residuos y dijo que los alcaldes que no abonen el canon tendrán que explicar qué harán con su basura.
Los 97 regidores, ninguno del PP, que se rebelaron contra este incremento aguardan ser recibidos este mes por Alberto Núñez Feijóo, como pidieron, y, a la espera de este encuentro, sopesan no solamente la devolución de los recibos que lleguen de la empresa pública –la insumisión es por el importe total– sino también la presentación de un recurso contencioso contra este encarecimiento.
contradicciones
En una entrevista emitida ayer por el circuito gallego de RNE, Rueda dijo que en este momento hay “contradicciones entre aquellos que anunciaban su intención inicial de no pagar” y recordó que se trata de un sistema “voluntario” y “cualquier ayuntamiento, si lo estima oportuno, por las razones que sea, puede salir del mismo”.
No obstante, lo que no puede abandonar ningún municipio, prosiguió, es la responsabilidad de gestionar la basura de sus vecinos y, si los regidores críticos se rebelan en estos términos, “tendrán que resolver el problema por su cuenta. Quien decida no hacerlo –no sufragar las facturas– tendrá que explicar qué va a hacer con su basura”.
Tras esta observación, Rueda situó la subida de la tasa de procesado de basuras dentro de la “responsabilidad”, en el sentido de lo apuntado por Luis Lamas, presidente de Sogama, quien indicó que el canon que se cobra por el tratamiento de la basura a los cerca de 300 ayuntamientos adheridos –Rianxo anunció que abandona– “no es una cuestión de oportunidad”, puesto que esto obedece a un “criterio de total y absoluta necesidad” y se hace pensando en que el sistema pueda ser “viable”.
Los ingresos de esta empresa pública dependen, aseguró, de esa tarifa que se cobra a los municipios y de la energía que se genera por la incineración de residuos, pero el nuevo marco legal para el sector eléctrico del Gobierno merma en 13 millones los ingresos anuales y en este contexto se sitúa esta controvertida medida.
