10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
Religiosos de la Catedral de Santiago que figuran con nombres, apellidos y domicilios en el manuscrito de 15 folios con acusaciones de robo y de prácticas sexuales en el entorno del templo que el autor confeso de la sustracción del Códice Calixtino ha presentado en el juzgado que instruye esta causa presentarán demandas individuales.
Entienden que se ha atentado gravemente contra su honor y estas actuaciones, ha explicado hoy a Efe el letrado José Antonio Montero, encargado de la defensa del Cabildo en este caso, se producirían al margen de la acción judicial de la basílica gallega, que a través de este despacho compostelano actuará contra el manifestante, Manuel Fernández Castiñeiras, para denunciar la vulneración del derecho al honor, dignidad y fama, ya proceda en vía penal o civil.
En el caso de las reclamaciones particulares, para las que ya ha habido una reunión en el despacho de Montero, se centrarían en las calumnias e injurias, agravadas en este caso por el hecho de que ha habido publicidad, de modo que las penas podrían ir de seis meses a dos años.
También la Catedral de Santiago emprenderá acciones contra la letrada que se encarga de la defensa de Fernández Castiñeiras y acudirá a los organismos colegiales correspondientes para denunciar la posible vulneración de las normas del Código Deontológico de la Abogacía por parte de la abogada que aporta el escrito, entre ellas, el artículo 11, que refleja la necesidad de actuar con buena fe, lealtad y respeto en el proceder.
Las infracciones del Código Deontológico, ha indicado Montero a Efe, pueden conllevar desde una expulsión del Colegio Profesional hasta una amonestación o suspensión para el ejercicio de este oficio por un período que puede ir desde tres meses a dos años.
Montero ha dicho hoy que algunos miembros de la Catedral se han puesto en contacto con él para dar el paso de la demanda individual mientras que otros lo están sopesando y tomarán la decisión de si actúan de la misma manera y quién los representará.
Manuel Fernández Castiñeiras cita en su acta de manifestaciones, -que el juzgado de instrucción número dos de Santiago de Compostela ha admitido a trámite para evitar "más recursos y contrarecursos" que dilaten el juicio-, casos concretos, con nombres y apellidos, de lo que da en llamar "actitudes que iban más allá de lo humanamente paternal" en el entorno del templo gallego, "intensas relaciones sentimentales" o "relaciones sexuales".
Este exempleado de la basílica, en la que prestó sus servicios como electricista durante más de dos décadas en calidad de autónomo, afirma también en este texto presentado junto con una solicitud en la que reclama que se una al procedimiento abierto contra él, -petición que será contemplada-, que numerosos religiosos, "todos", robaban "dinero" y da cuenta de episodios específicos al respecto.
El Cabildo sostiene en la comunicación remitida por su letrado que a lo largo de la instrucción de la causa abierta por la sustracción del Códice Calixtino se ha mantenido siempre "al margen" de cualquier "controversia o polémica" que exceda de lo "puramente jurídico y procesal", aún siendo "conscientes de la repercusión mediática".
No obstante, alega que en esta ocasión sí se ha querido hacer constar el rechazo hacia "la utilización espuria que se está haciendo del presente procedimiento" por parte de la defensa.
Además, añade el comunicado que actuaciones como ésta no buscan esclarecer las circunstancias en que fueron cometidos los hechos, que "hay que recordar" que son la presunta comisión de los delitos de robo con fuerza en las cosas de un bien de valor histórico, robo con fuerza continuado de dinero y efectos de la Catedral, y blanqueo de capitales.
El juez instructor José Antonio Vázquez Taín ha indicado a Efe que el documento de "vaguedades" no tiene jurídicamente "la más mínima relevancia" y que no se abrirá una investigación "porque no hay ni un indicio que así lo permita", ni Fernández Castiñeiras declarará para ampliar esta información, como pide en este texto.
El Códice Calixtino fue sustraído de la Catedral de Santiago en julio de 2011 y recuperado un año más tarde, envuelto en periódicos, de un garaje de Milladoiro (A Coruña) propiedad de Fernández Castiñeiras, que también tenía en su poder 1,7 millones de euros.
Castiñeiras, electricista de profesión, prestó sus servicios como autónomo durante 25 años en este templo. En la actualidad, está en libertad provisional con obligación de comparecer cada lunes en el juzgado y a la espera de juicio. Después de su confesión y hasta que no finalizó la instrucción estuvo encarcelado en la prisión coruñesa de Teixeiro.
