Rebajan a un año y medio de prisión la condena a Gerardo Conde Roa por fraude fiscal

La Audiencia provincial de A Coruña ha rebajado a un año y medio de reclusión la condena por delito fiscal al exalcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa, tras un recurso presentado invocando un error por parte de su asesor en temas de impuestos.
Conde Roa había sido condenado por estas mismas fechas en 2013 a una pena de dos años de prisión y al pago de 580.000 euros por un delito contra la Hacienda Pública. La pena impuesta fue comunicada ayer y el abogado del exalcalde del PP, Ramón Sabín, señaló que recurrirá la sentencia, ya que entiende que su defendido no tuvo “ánimo de defraudar al fisco, ni dolo en sus actuaciones”.
Conde Roa dimitió como alcalde de Santiago en abril de 2012 tras ser imputado por un presunto delito contra la Hacienda Pública por el impago de la cantidad de 291.000 euros correspondientes al IVA del ejercicio 2010 por la venta de 61 viviendas por la sociedad Geslander, de la que era administrador único.
A pesar de la condena, el exregidor compostelano no irá a prisión, ya que no llega al mínimo y no tiene antecedentes penales.
Conde Roa también está siendo investigado en el sumario de la operación “Pokemon”.
Por otro lado, el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, mostró ayer su confianza en que su grupo y el PSdeG sean capaces de lograr más acuerdos en la ponencia de la comisión para luchar y erradicar la corrupción.
Puy destacó que el PP está “en líneas generales satisfecho” con las 56 propuestas de resolución aprobadas en el debate del estado de la Autonomía de la pasada semana, entre ellas su propuesta, apoyada por el grupo socialista y el grupo mixto, para adoptar medidas contra la corrupción.
Aseguró que la comisión creada en el Parlamento, de cuya ponencia se desmarcaron AGE y BNG, incluirá las medidas aprobadas en el debate, y confió en lograr más acuerdos con el PSdeG, el grupo que permanece en la ponencia. Puy señaló que se trata de un acuerdo “de mínimos”, pero indicó que incide en la voluntad “de mejorar el ámbito institucional” una actitud, en su opinión, “correcta”.
En cambio, censuró la postura de otros grupos, en alusión a AGE, que dicen que para acabar con la corrupción hay que cambiar el régimen político, algo que es “naif”, porque es un problema que afecta a toda la sociedad y no es una cuestión ideológica o de cambio de régimen.
De las propuestas de resolución, destacó la presentación de una proposición de ley en el Parlamento para “fomentar la participación ciudadana” en la Cámara autonómica de modo que un conjunto de ciudadanos, con un número de firmas similar a las Iniciativas Legislativas Populares, pueda presentar proposiciones no de ley, de impulso al Gobierno.