8º-18º
martes | 23 abril | 2024
La jueza de Instrucción número 1 de Tui (Pontevedra) decretó ayer la puesta en libertad de F.G.L., el dueño de la pirotecnia La Gallega, que fue detenido el pasado miércoles por la explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico, que causó dos muertos y 37 heridos, y mantiene su condición de investigado por los supuestos delitos de homicidio imprudente, daños imprudentes y lesiones imprudentes.
Así lo confirmó su abogado, Ricardo Valencia, a la salida de los juzgados de Tui. Asimismo, ratificó que la jueza ha ordenado comparecencias los días 1 y 15 de cada mes. Además, se le imputa el delito de riesgo catastrófico en la modalidad de delito de riesgo provocado por explosivos y otros agentes, añadieron fuentes judiciales. El letrado expresó la voluntad de su defendido de “colaborar con la Justicia” y señaló que, en su declaración, F.G.L. admitió que almacenaba en la vivienda de la parroquia de Paramos material para fabricar explosivos, entre los que había nitrato de potasio.
Aunque el letrado no concretó la cantidad de material almacenado de forma clandestina en los anexos de la vivienda donde se produjo la explosión, incidió en que su patrocinado reconoció la existencia de ese material y que “está desolado por lo que pasó”.
El abogado tampoco quiso aclarar las razones alegadas por F.G.L. para tener almacenado ese material, de forma irregular, en un anexo a una vivienda, y señaló que hay que “esperar por los informes del Tedax”.
Una tonelada
Fuentes de la investigación señalaron que todavía es prematuro aventurar la cantidad de material explosivo que el detenido tenía almacenado en Paramos aunque, por los daños ocasionados (por la deflagración y la onda expansiva) y la superficie alcanzada, posiblemente superaría la tonelada.
Por otra parte, ayer trascendió que el juzgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra lleva meses requiriendo al Ayuntamiento de Tui para que ejecute una sentencia de 2014 que anula las licencias de actividad y obra de la pirotecnia La Gallega situada en Baldráns y que implica la clausura y demolición de las instalaciones.
El último requerimiento es del pasado 3 de mayo, cuando se da un plazo de diez días al Ayuntamiento para que remita las actuaciones que está llevando a cabo para dar cumplimiento a esa sentencia. Este es el último paso de un largo proceso judicial iniciado en 2013, cuando el gobierno local de Moisés Rodríguez (PP) otorgó licencia de actividad y de obra mayor para la pirotecnia La Gallega, situada en la parroquia de Baldráns. Un vecino de la zona recurrió esa decisión municipal, alegando que la empresa incurría en varias infracciones urbanísticas, así como otras irregularidades relacionadas con la seguridad, y los tribunales le dieron la razón: primero en instancia, en diciembre de 2014 y, unos meses después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Desde entonces, la representación legal de este vecino ha estado reclamando la ejecución de dicha sentencia, que implica la reposición de la legalidad urbanística y, por tanto, el cese de actividad y la demolición de las instalaciones de la pirotecnia.
Recursos
En estos años, el procedimiento se ha complicado en un carrusel de recursos por parte, tanto de la empresa, como del propio Ayuntamiento. Así, la representación de la pirotecnia mantiene que la sentencia se ha ejecutado por cuanto no existe actividad en las instalaciones (aunque el vecino demandante insiste en lo contrario).
Mientras, el gobierno municipal de Tui, primero con el alcalde socialista Enrique Cabaleiro y, desde octubre de 2017, con Carlos Vázquez Padín, también afirma que la administración local ha cumplido su parte al anular las licencias, ordenar el precinto y cese de actividad, y encargar un proyecto de demolición. No obstante, mantiene que, al estar La Gallega en suelo rústico de especial protección, es competencia de la Xunta ejecutar dicha demolición y reponer la legalidad urbanística. Así las cosas, y después de que la Xunta emitiese informe señalando que es el Ayuntamiento de Tui el competente para ejecutar dicha sentencia, varios técnicos municipales han emitido informes (el último en diciembre de 2017) en los que constatan que, pese a que no se observa actividad aparente en las instalaciones, la sentencia del contencioso administrativo no se ha ejecutado, ya que no se ha procedido a la demolición.
