Los protocolos de seguridad, a revisión tras un día de verano luctuoso en Angrois

Los protocolos de seguridad, a revisión tras un día de verano luctuoso en Angrois
Peritos y técnicos de la causa judicial por el accidente ferroviario del tren Alvia, ocurrido en julio del año pasado en Santiago de Compostela, inspeccionan las vías en el tramo del accidente, situado en la curva de Angrois. EFE/Arch

Todos los protocolos de seguridad y señalización en la línea ferroviaria Santiago-Ourense, en la que el 24 de julio de 2013 descarriló un tren, pasaron por revisión tras un trágico accidente que no desembocó en una reducción en el número de pasajeros del trayecto que va desde Madrid a Ferrol.

Cinco días después de este luctuoso episodio, se instalaron en la "zona cero", en Angrois, balizas, en principio con un carácter de provisionalidad, que señalaban las limitaciones de velocidad -160, 80 y 30 km/h- y que el pasado junio se convirtieron en definitivas para alertar de estos "cambios significativos" en la aceleración.

Todo este tiempo se han formulado distintas recomendaciones con el propósito de evitar una situación similar, tales como que las reducciones de velocidad a partir de cierto rango estén indicadas en la vía con señales fijas.

También la conveniencia de implantar balizas para controlar la velocidad y para que se pueda producir un frenado si ésta se rebasa, que las comunicaciones con los maquinistas se realicen de forma segura evitando distracciones o que se implante un sistema de grabación de audio y vídeo en las cabinas.

En diciembre del año 2011, José Ramón Iglesias Mazaira, jefe de maquinistas de Ourense, apuntó la posibilidad de colocar señales de limitación de velocidad a la altura de Angrois, barrio compostelano en el que se produjo un topetazo con toda su crudeza y decibelios.

El pasado 7 de marzo, cuando prestó declaración ante el juez Luis Aláez durante dos horas, no quiso hacer declaraciones a la prensa por entender que había hablado donde tenía que hacerlo y que en su caso ya contó "demasiado".

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un documento elaborado por el órgano adscrito al Ministerio de Fomento e independiente de cualquier investigación judicial, reflejó que de las 310 alegaciones que recibió el proyecto del acceso ferroviario a Galicia, ninguna de ellas ponía objeciones al trazado en la zona de la tragedia, donde está la curva de A Grandeira.

Este informe, de 266 páginas, refrendó la versión ofrecida por Renfe y por Adif al situar como causa del fatídico impacto el exceso de velocidad provocado por el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y también su falta de atención al responder una llamada telefónica del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.

De acuerdo con este análisis, el convoy circulaba a 179 kilómetros por hora donde existía una limitación de 80.

El presidente de Adif, Gonzalo Ferre, siempre defendió que el conductor de ese tren, Francisco José Garzón Amo, tendría que haber empezado a frenar cuatro kilómetros antes de llegar a la zona en la que se produjo este siniestro, con ocho decenas de muertes y 179 heridos.

Idéntico argumento es el que defiende desde hace doce meses el responsable de Renfe, Julio Gómez Pomar, quien insiste en que funcionaron los sistemas de seguridad y en que tanto la vía como ese Alvia estaban en "perfectas condiciones".

"Yo sé que es complicado, teniendo un accidente tan importante, hablar de elementos de seguridad, de la seguridad en sí, pero tenemos un sistema altamente seguro, y la respuesta de los ciudadanos españoles así lo dice. Las personas siguen utilizando el ferrocarril, dentro de la pena y el dolor que tenemos, con naturalidad y con aprecio a su sistema ferroviario", ha manifestado en declaraciones a Efe.

La empresa pública impulsó una labor de comunicación para explicar a la opinión pública que la protección es una garantía en el sistema ferroviario es pañol, que mueve cada día 4.668 trenes y 1,6 millones de pasajeros, 463 millones al año.

El primer juez instructor de la causa abierta, Luis Aláez, ha indicado que la seguridad "no sería la exigible y adecuada", al igual que se apunta en periciales que todavía no son definitivas.

El informe de la CIAF, que sí tiene este carácter, ha sido cuestionado por las partes, al entender que es "parcial".

La Justicia es la que tendrá la última palabra para depurar las responsabilidades de un drama humano ante el que nadie es miope.

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