La propuesta que ultima el PPdeG sobre el Consello de Contas prevé una sección contra la corrupción

La proposición de ley de reforma del Consello de Contas que ultima el PP en el Parlamento gallego prevé la creación de un sección específica para la prevención de la corrupción.
Esta sección, indicó ayer el PP en un comunicado, controlará tanto la actividad económica y financiera de las formaciones políticas como los bienes patrimoniales de los altos cargos.
Además, a esta nueva sección podrán acudir los ciudadanos y asociaciones para denunciar actividades o actuaciones que consideren irregulares.
Esta proposición de ley, aún no tramitada, es una de las cinco normas comprometidas por el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo el pasado enero en el Parlamento para luchar y prevenir la corrupción y aumentar la transparencia de las Administraciones.
Según indica el grupo popular en su comunicado, la propuesta “está abierta a la incorporación de enmiendas de lo grupos de la oposición para su mejora”.
Para el PP, esta propuesta “fortalece” la autonomía y la independencia del organismo fiscalizador externo de Galicia.
Para ello, incide, se establece la obligatoriedad de comparecencia previa en el Parlamento de los candidatos al Consello de Contas y se somete a los conselleiros al mismo régimen de transparencia que los integrante del Consello da Xunta.  
Por su parte, el PSdeG pidió que el Consello de Contas controle las ayudas y subvenciones de la Xunta a los municipios y a las entidades locales y también demandó que haga un análisis de las entidades públicas instrumentales del sector públicos.
En sus recomendaciones para el funcionamiento del organismo, los socialistas proponen, en un comunicado difundido ayer, la fiscalización sobre el control de los beneficiarios de subvenciones, préstamos y avales del Igape, así como de los contratos de publicidad y comunicación suscritos por la Xunta
El PSdeG asegura que el Consello de Contas tiene que hacer un análisis de la razón de ser de cada una de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico, con la verificación del cumplimiento de los fines para los que fueron creadas, así como del origen de su financiación y de la deuda real para cada uno de estos entes.