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jueves | 25 abril | 2024
La diputada socialista Beatriz Sestayo dijo ayer no querer entrar en la “basura” que, a su juicio, vierte el PPdeG, tras ser acusada por el diputado popular Gonzalo Trenor de “atropellar derechos” por visitar sin la perceptiva autorización un centro público de discapacitados.
La parlamentaria, que el pasado fin de semana fue noticia por haber sido denunciada por un vigilante del Parlamento en un incidente a la entrada de la Cámara, defendió en comisión una iniciativa en la que denunciaba el estado “dramático” y con graves irregularidades del centro Santiago Apóstolo de A Coruña.
La diputada mostró fotos sobre el mal estado del centro e indicó que los “recortes” de la Xunta propiciaron que las personas que van en silla de ruedas no puedan acceder a las instalaciones, mientras que indicó que ni se cuestionan los datos de los usuarios, ya que cualquiera puede consultar los expedientes, amontonados y algunos de ellos tirados, lo que comprobó, según su relato, en una visita al centro.
“Sí que es paradójico que estemos hablando de cumplir la ley y de asumir responsabilidades legales y políticas después de lo que aconteció este fin de semana”, señaló Gonzalo Trenor.
El popular explicó que este año se acometieron en el centro obras de reforma integral que han hecho posible que la residencia permita “la máxima atención” a sus usuarios y aumentó el grado de ocupación del centro de 72 personas a 93.
Insistió en que las obras obligaron a una mudanza, que coincidió con la visita de Sestayo al centro, y todo el material fue trasladado a otro pabellón, por lo que ahora los archivos están en unas modernas instalaciones perfectamente custodiados.
Intimidar a las personas
Cuando explicaba estos extremos, Trenor destacó que en su visita institucional Sestayo no formuló solicitud previa, por lo que consideró que en este caso “se despreció el derecho a la intimidad de las personas que percibían estos servicios”.
Indicó que los diputados tienen derecho a visitar servicios, pero “no debe hacerse atropellando los derechos de los demás”, por ello se debe hacer una comunicación previa.
“No es lógico que por ser diputados podamos acceder a los quirófanos porque nos apetezca o que interrumpamos una clase en una escuela” ni tampoco es “razonable” hacer una visita sin comunicarlo a un centro de personas con discapacidad intelectual, concluyó.
Sestayo dijo no querer entrar “en la basura que vierte siempre el PP” y volvió a mostrar fotos del centro, al tiempo que insistió que no solo es derecho de los parlamentarios visitar servicios públicos, sino que es su obligación.
Sobre el caso del supuesto atropello, la propia Sestayo se reunió ayer con la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, a quien solicitó los vídeos que las cámaras de seguridad de la Cámara captaron del incidente.
Sin embargo, Rojo se negó a este extremo dado que, al afectar a terceras personas, no existiría respaldo legal para hacerlo.
