miércoles 5/8/20

El PP rechaza la exigencia de la oposición de que se “rescate” el hospital Cunqueiro

El Grupo Parlamentario Popular adelantó ayer que rechazará la petición de “rescate” del Hospital Álvaro Cunqueiro formulada por En Marea y PSdeG en el Parlamento de Galicia, y aseguró que el centro se hizo “cumpliendo” la Ley de Contratos del Sector Público.

Un momento de la primera sesión plenaria de esta legislatura	conchi paz
Un momento de la primera sesión plenaria de esta legislatura conchi paz

El Grupo Parlamentario Popular adelantó ayer que rechazará la petición de “rescate” del Hospital Álvaro Cunqueiro formulada por En Marea y PSdeG en el Parlamento de Galicia, y aseguró que el centro se hizo “cumpliendo” la Ley de Contratos del Sector Público.
La diputada de En Marea Eva Solla y el socialista Julio Torrado defendieron en la sesión sendas proposiciones no de ley a través de las que demandaron el rescate de este hospital, una solicitud que contó también con el apoyo del BNG y que será votada en la segunda jornada del pleno que tendrá lugar hoy.
En primer lugar, Eva Solla criticó que la Xunta optase por el modelo de colaboración “público-privada” para la construcción del centro dado que “resulta más costosa y deja en manos de la gestión privada” la sanidad gallega.
En este sentido, el socialista Julio Torrado, defendió que la “sanidad es un derecho” de los ciudadanos que no se puede entregar a manos “privadas” para su “negocio”. “La política sanitaria no la pueden definir los constructores y eso empieza a ocurrir en nuestro país”, advirtió.
En esta misma línea se prounció la diputada del BNG, Montse Prado, que anunció el apoyo de su grupo a las iniciativas de En Marea y del PSdeG al considerar que el nuevo hospital de Vigo “es un claro ejemplo” del “proceso de privatización” de la sanidad pública en el que, a su juicio, “está empeñado el PP y Feijóo”.
Frente a ello, el diputado del PPdeG Aurelio Núñez aseguró que el Cunqueiro es “público” y que “se hizo cumpliendo la ley estatal de contratos del sector público” elaborada por un gobierno socialista. “Puede no gustarle el modelo pero no puede cuestionar su legalidad ni su transparencia”, afirmó.

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