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jueves | 18 abril | 2024
El Parlamento gallego ha rechazado hoy, con los votos del PP, una propuesta del BNG, apoyada por el resto de los grupos de la oposición, para modificar la ley del IRPF así como otros cambios parciales en ley de sociedades para favorecer a los emigrantes retornados.
Según ha indicado el portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, en la reforma fiscal que se está tramitando en las Cortes se contempla que a partir del 1 de enero no habrá sanciones ni intereses a los pensionistas emigrantes retornados, que tendrán un plazo de 6 meses para regularizar su situación y se devolverá el dinero a quien se le haya cobrado indebidamente.
Pedro Puy ha insistido en que el PP considera que estas personas no son defraudadoras y ha señalado que ya se están poniendo en marcha los trámites para que no se vean afectadas.
En su opinión, el BNG pretende "aprovechar un descontento, que el PP entiende y espera que corrija, para hacer un uso electoralista".
La portavoz del BNG en el debate, Tereixa Paz, ha tachado de "parche" las medidas contenidas en la reforma fiscal del Gobierno y, además, ha lamentado que esté hecha "de forma chapucera" porque "no aclara las obligaciones de quien debe presentar la renta y crea más inseguridades jurídicas con los afectados".
Por eso, en su opinión, las medidas necesarias serían la reforma de la ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, relativa a la tributación de las pensiones públicas percibidas por personas retornadas de Estados con los que existe convenio sobre doble imposición.
Paz ha reivindicado, entre otras cuestiones, que no haya carácter retroactivo en las sanciones a los emigrantes.
Para la diputada nacionalista "tal y como está" el impuesto de la la renta es una "discriminación" ya que los emigrantes retornados deben declarar a partir de los 11.200 euros, frente a los 22.000 euros para el resto de los ciudadanos.
Según Paz, si Galicia tuviese competencias propias en Hacienda, sobre el sistema tributario, "los emigrantes no sufrirían el acoso que están sufriendo de la Agencia Tributaria".
Ha insistido en que estas personas no son defraudadoras, ya que "ésas ya se sabe dónde están, más relacionadas con la calle Génova -(sede el PP en Madrid)- que con las aldeas gallegas".
Tanto Carmen Gallego (PSdeG) como Juan Manuel Fajardo (AGE) y Carmen Iglesias (Grupo Mixto) han coincidido en apoyar la propuesta del BNG y han lamentado que se acose a estas personas y, sin embargo, haya un trato desigual, una doble vara de medir para grandes defraudadores, sobre todo los que tienen que ver con el PP, han señalado.
Gallego ha alertado, además, de que "se siguen embargando cuentas de pensionistas emigrantes" algo que ha tachado de "inaceptable" porque, "si se ha decidido condonar intereses de recargo y demora a quienes regularizan a partir del 1 de enero, ¿qué sentido tiene que se siga embargando a personas?".
Mientras se trataba esta cuestión un grupo de emigrantes retornados siguió desde la tribuna de invitados el debate y al abandonar el pleno no ocultaron su decepción con el rechazo del PP.
Fuera, en la calle, varios cientos de emigrantes reclamaban frente al Parlamento que se atendiese a sus demandas.
El Parlamento ha rechazado, además, también con los votos del PP, una proposición de ley de AGE para reformar la ley de Minería.
La diputada de la coalición Chelo Martínez ha defendido que su grupo no pretende hacer una enmienda a la totalidad a la ley de 2008, sino adaptarla para prohibir expresamente la utilización de cianuro o prácticas como el 'fracking'.
"Se trata de apostar por una minería ambiental y sostenible o por barra libre para la destrucción del territorio", ha considerado.
