El PP rechaza que se amplíe el objeto de investigación de la comisión de las cajas

El PP rechaza que se amplíe el objeto de investigación de la comisión de las cajas
Los integrantes de la comisión parlamentaria sobre las cajas gallegas ep

Las normas de funcionamiento de la comisión de cajas fueron aprobadas ayer con el apoyo del PP y la abstención de En Marea, PSdeG y BNG, que vieron rechazadas, entre otras, sus enmiendas para ampliar el objeto de investigación “profundizando” en la venta de Novagalicia Banco a Banesco y “en los orígenes de la burbuja inmobiliaria en los Gobiernos del PP”. El PP sí asumió, por el contrario, el reto de cerrar los trabajos en este periodo de sesiones, que finaliza a mediados de julio.

“Estamos de acuerdo con que, de seis a nueve meses, es un plazo razonable y nos marcamos este periodo de sesiones como objetivo para acabar los trabajos”, explicó el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, en la línea con el “plazo máximo” que el resto de grupos pretendían incluir en las normas. Sin embargo, aunque asumió el compromiso verbal, Puy explicó que no se puede poner por escrito.

De hecho, señaló que hacerlo podría ser motivo de recursos y recordó que el reglamento del Parlamento de Galicia recoge que una comisión se cierra cuando acaban los trabajos o finaliza la legislatura.

Al margen de aceptar verbalmente el calendario que planteaba la oposición, los populares validaron otras dos enmiendas técnicas de PSOE y En Marea, que salieron adelante por unanimidad, pero rechazaron el resto de propuestas.

calendarios
De este modo, fuera quedó la petición en la que coincidieron tanto Luís Bará (BNG), como Manuel Lago (En Marea) y Abel Losada (PSdeG) relativa a ampliar el objeto de investigación. Losada apeló a “desestacionalizar” el periodo de estudio de este órgano y, en la línea de los trabajos del Congreso, abogó por fijar como fecha de referencia el año 2000. “Aunque yo me iría al año 96 o incluso antes”, apostilló.

El objetivo de este paso sería la incidencia de la época de gestión del Banco de España antes de 2004 y de los “orígenes de la burbuja inmobiliaria” en los Gobiernos del PP. Losada también incidió en la importancia de un calendario “cerrado” para evitar que los populares volviesen a “criogenizar la comisión durante otros 44 meses”.

La oposición también incidió en el “negocio redondo” de la venta de NCG a Banesco. “La premura no se explicó lo suficiente”, subrayó Losada, quien apostó por ver los “sesudos informes” que alertaban de una pérdida de la valor de la entidad. “Escotet ofreció 1.000 millones y los recuperó el primer año. O es un mago de las finanzas, que no lo dudo, o no se produjo tal pérdida de valor”, ironizó.

También Manuel Lago incidió en este extremo. “Hay que saber quién fue el encargado de liquidar precipitadamente una entidad que recuperaba valor cuando ninguna norma obligaba a hacerlo y todo el mundo en Galicia decía que era un error”, advirtió. Del mismo modo, Lago aludió a la “estrategia planificada” para “liquidar” las cajas en España promovida, subrayó, “por el oligopolio financiero” y “facilitada por el Banco de España, con el respaldo de los dos principales partidos” (en alusión al PP y al PSOE).
Por su parte, Luís Bará demandaba que la investigación abarcase también la comercialización “fraudulenta” de preferentes y subordinadas, un conflicto con “miles de afectados” en Galicia. Asimismo, defendió que el dictamen tenga que ser aprobado por una mayoría reforzada y no simple.

INFORME DE FISCALIZACIÓN
Antes de que los populares rechazasen estas peticiones, Puy recordó que el objetivo de la comisión es proporcionar a la ciudadanía una exposición plausible sobre “los hechos”, lo ocurrido con las cajas de ahorro gallegas, convencido de que se podrán sellar acuerdos entre todos los grupos.

Así, coincidió en que “es razonable” un plazo de entre seis y nueve meses para acabar los trabajos, “marcándose” el reto de hacerlo en este periodo de sesiones, que finaliza en julio. También anunció la solicitud de nueva documentación sobre las sentencias judiciales contra los gestores de las cajas o el informe de fiscalización de la venta realizado por el Tribunal de Cuentas.

Dicho esto, replicó a la petición del PSOE que los trabajos “ya están desestacionalizados”, y argumetnó que ampliar formalmente el objeto de la comisión, contravendría el reglamento, puesto que el objetivo de este órgano es dar continuidad a los trabajos de la comisión que se activó en el pasado mandato.

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