Otra concejala de Santiago dimite y son ya nueve las vacantes en el consistorio

La concejala de Xuventude e Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Santiago, Rebeca Domínguez, comunicó ayer que presenta su renuncia después de transmitirle por la mañana de manera verbal su decisión al alcalde, Ángel Currás (PP), con lo que son actualmente nueve las vacantes a cubrir.
Su anuncio se conoce tras la renuncia de siete ediles que recurrirán la sentencia que los condena a nueve años de inhabilitación por haber acordado la defensa con dinero público de un excompañero, Adrián Varela, imputado en la operación “Pokémon” y que, a su vez, presentó su dimisión hace una semana.
En un comunicado divulgado por el gabinete de prensa, la hasta ahora concejala Rebeca Domínguez indica que tomó su decisión con la intención de iniciar una nueva etapa fuera de la política municipal y agradece a los ciudadanos la confianza depositada en su persona, así como a los trabajadores municipales la “excelente tarea” realizada durante su etapa en el consistorio.
El fallo judicial contra los siete concejales se conoció después de que el 19 de mayo estos ediles del PP se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar con el dinero de todos la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.
Los salientes por imperativo legal son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis Bello y Francisco Noya y ahora Rebeca Domínguez.

proceso
Esta concejala se incorporó al grupo de gobierno, que consta de trece miembros, en abril de 2012, cuando corrió la lista tras la dimisión un año después de las elecciones municipales del alcalde Gerardo Conde Roa, que acabó siendo condenado por fraude fiscal.
Domínguez, que se encargaba de la cartera educativa, fue imputada por la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias en la operación “Pokémon”, que investiga una trama corrupta en contratas públicas, y desde el primer momento se quejó del trato recibido por el alcalde, que pretendía, según ella, que firmase documentos con los que no estaba de acuerdo.