La oposición muestra su rechazo unánime a la Ley de Empleo Público

La ley de empleo público de Galicia inició ayer su tramitación en el Parlamento tras rechazar el PP tres enmiendas de totalidad y devolución presentadas por PSdeG, AGE y BNG y el rechazo también al proyecto del grupo mixto.
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, defendió el proyecto de ley porque, en su opinión, permitirá tener administraciones más eficientes para prestar un mejor servicio público a los ciudadanos.
Sin embargo, los grupos de la oposición coincidieron en tachar el texto enviado por la Xunta al Parlamento de norma “totalitaria” y que únicamente está hecha para poner la administración al servicio del partido en el poder, el PP, en este caso.
Martínez explicó que esta ley prevé que 500 jefaturas de servicio pasarán a ser nombradas mediante un concurso específico de convocatoria pública y suprime el plus de los altos cargos, que ya no se percibía desde hace dos años.

paga extra
La norma presentada por la Xunta también servirá para abonar a los empleados públicos la otra mitad del importe devengado de la paga extra suprimida en diciembre de 2012 y crea el fondo para restaurar en los próximos tres años la totalidad del complemento específico retirado por la Xunta.
El conselleiro destacó que la ley incorpora más de 150 alegaciones de distintos colectivos y resaltó también las enmiendas anunciadas el lunes por el grupo que apoya al Ejecutivo autonómico, el PP, como la que prevé ampliar de forma progresiva en los próximos dos años el permiso por parto, adopción o acogimiento de 16 a 18 semanas.

enmiendas a la totalidad
La intervención de Martínez y el texto que defendió provocaron las críticas airadas de la oposición, que han presentado hasta tres enmiendas a la totalidad y de devolución (PSdeG, AGE y BNG) que fueron rechazadas por los populares.
La diputada socialista Beatriz Sestayo calificó el proyecto de ley de “arbitrario, injusto, profundamente retrógrado y con errores” por lo que demandó su retirada.
La viceportavoz de AGE en el Parlamento, Yolanda Díaz, aseguró que esta ley incorpora un cambio absoluto en la concepción de la función pública moderna; “privatizar la administración pública”.
Díaz lamentó la “arbitrariedad” que instaurará esta ley, porque en la evaluación de los empleados “¿quién va a fijar los objetivos y controlar al personal?” en asuntos tan poco objetivos como “interés, iniciativa y esfuerzo”. La viceportavoz de AGE ha criticado la falta de informes preceptivos de los que adolece esta normativa.
Tereixa Paz (BNG) dijo que estaba “estupefacta” con la intervención de Martínez ya que “nunca antes tantos colectivos” habían pedido reuniones con los grupos parlamentarios para “mostrar su disconformidad”.
Lamentó la “propaganda” que contiene esta ley, como supuestas mejoras y avances para los empleados públicos, y denunció que la norma preparada por la Xunta “vulnera el derecho a la negociación colectiva”.
“No es una ley de futuro, es de pasado. No crea un cuerpo de funcionarios al servicio de los ciudadanos, sino del poder porque ustedes no quieren funcionarios libres que actúen bajo el imperio de la ley, sino que interpreten la legislación en favor del PP”, concluyó la portavoz de la formación nacionalista.