Once municipios cometieron acciones contra el ordenamiento por valor de 44 millones de euros

Un total de 11 ayuntamientos gallegos de entre 25.000 y 100.000 habitantes recibieron durante el año 2013 casi 600 reparos a la legalidad por parte de sus interventores, principalmente en materias como gastos de personal, contrataciones y subvenciones concedidas por actos contrarios al ordenamiento jurídico, según se recoge en un informe hecho público por el Consello de Contas de la comunidad autónoma.
Los 583 realizados en 2013 los lidera Pontevedra (205), seguida por Redondela (88), Marín (76), Cangas (75), Santiago (57), Ribeira (23), Ferrol (21), Ames (13), Lugo (12), Culleredo (7) y Arteixo (6). También se analizaron Carballo, Narón, Oleiros y Vilagarcía, pero en ellos no se conoción de ningún reparo suspensivo. Así, esos 583 reparos suspensivos realizados por la intervención suman un importe de casi 44 millones de euros en actuaciones, de los que 13,2 millones se corresponden con Pontevedra, tras la cual está Marín (6,5 millones). Santiago ocupa el tercer lugar con 5,5 millones.
En este sentido, el Consello de Contas informa de que en 475 de los casi 600 reparos realizados, el alcalde del municipio o el pleno levantaron esos reparos continuando con la tramitación del expediente, en un importe que ascendió a 35,1 millones de euros. Además, se analiza la existencia en 2013 de 153 acuerdos de reconocimientos extrajudiciales de crédito en quince ayuntamientos –de entre 25.000 y 100.000 habitantes– por 17,6 millones de euros, un mecanismo del que Contas aconseja evitar su utilización “dado su carácter excepcional”.