Los once imputados del Adif se negarán a declarar ante el instructor del caso de Angrois

Los cargos que estaban en la dirección del Adif cuando entró en servicio la línea entre Santiago y Ourense y que fueron imputados por el juez que instruye el accidente de tren de Angrois se acogerán a su derecho a no declarar, señalaron fuentes del gestor ferroviario.
Se trata del presidente de Adif en 2011, Antonio González Marín, el responsable de la Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve vocales del consejo de administración.
El instructor entiende que podrían haber incurrido en un delito contra la seguridad colectiva y haber sido hipotéticos partícipes en los de homicidio y lesiones.
Las razones que esgrimen los excargos para no aportar su testimonio son que no tuvieron tiempo de leer el “amplio sumario” en su totalidad y que se encuentran a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los recursos contra sus imputaciones presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El magistrado Luis Aláez, conocida tal determinación, ha reducido las jornadas de toma de declaración y las ha concentrado en cuatro días, –23, 26, 27 y 28 de este mes–, reservando para el final las citaciones de González Marín y Cortabitarte.
Los miembros del consejo son Juan Carlos Cáceres, Mercedes Rodríguez Arranz, Félix Díaz Martínez, Juan Ángel Mairal, Carlos Bartolomé Marín, Javier Hurtado, Carlos María Juárez Colera, Mercedes Caballero y Gerardo Luis Gavilanes.
El juez, que apura la investigación puesto que en breve ocupará su nueva plaza en un juzgado de lo penal de Compostela, siguió desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no solo al despiste de quien relevó a otro compañero en Ourense, el maquinista Francisco José Garzón Amo, que no redujo la velocidad.
Aláez sostiene que la instalación de la seguridad implantada en la vía en la que se produjo el siniestro para eliminar “el peligro” que representa la curva de A Grandeira, a la altura del barrio compostelano de Angrois, “no es la exigible y adecuada con arreglo a las pautas técnicas consolidadas” recogidas en la normativa del sector.