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sábado | 20 abril | 2024
Dos de los once cargos que estaban en la cúpula del Adif en diciembre de 2011, cuando se puso en funcionamiento la línea entre Ourense y Santiago, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el instructor de la causa, como ya anunciaron que harán los otros nueve que comparecerán la próxima semana. Se trata del director de Adif en 2011, Antonio González Marín; el responsable de la Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y nueve vocales del consejo de administración.
Los primeros citados fueron Juan Carlos Cáceres, el vocal que representaba al CCOO, y Félix Díaz, en su caso de UGT.
Ninguno de los dos prestó testimonio por la falta de tiempo para leer el sumario y por encontrarse a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva los recursos contra sus imputaciones presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
A petición propia
El actual responsable institucional del sector ferroviario de CCOO, Antonio Toscano, dijo que su compañero prestará testimonio a petición propia, si se mantiene la imputación, cuando analice con su abogado los 17.000 folios que acumula la causa y una vez dispongan de los “análisis técnicos solventes” del accidente de julio de 2013.
Hasta la fecha, trascendieron cuatro peritajes que son provisionales y que coinciden en que la instalación de la seguridad implantada en la vía férrea en la que se produjo el siniestro no era la idónea.
El instructor Luis Aláez, que apura esta investigación puesto que en breve ocupará su nueva plaza en un juzgado de lo penal, siguió desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no solo al despiste del maquinista imputado, Francisco José Garzón Amo, que no redujo la velocidad.
Por su parte, la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 envió ayer una carta al fiscal del caso, Antonio Roma, en la que le expresan su “dolor, tristeza e indefensión” por el recurso en el que el representante del ministerio público considera que no hay elementos para imputar a personas concretas las posibles infracciones criminales indicadas por el juez Luis Aláez.
