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jueves | 25 abril | 2024
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo, Elena Muñoz lamentó que la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, use a los funcionarios municipales como “escudo” para “negarse a dar explicaciones políticas” de la causa judicial que investiga el supuesto enchufe de su cuñada.
En una rueda de prensa, Muñoz acusó a la presidenta de la Diputación de estar “mintiendo directamente” y, “lo que es más preocupante en un responsable político, escondiéndose detrás de los funcionarios públicos”. “Esconderse detrás de los funcionarios nos parece un acto de cobardía”, selló la concejala.
Así, censuró que Silva guarde silencio cuando el PP pide “explicaciones políticas” del proceso judicial en el que un funcionario municipal afronta una pena de ocho años de cárcel, que solicita el Ministerio Público por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el mencionado “enchufe”.
Proceso “paralelo”
Muñoz también recordó que existe otro proceso “paralelo” en el que está siendo investigado “otro cuñado” de Carmela Silva, en concreto, un concejal, y resolvió que “hay muchas dudas porque hay muchas coincidencias que afectan a familiares directos” de la teniente de alcalde.
“Los vigueses necesitan una explicación de la responsable política a la que apuntan estas causas”, defendió Muñoz. La concejala viguesa expresó que “no puede ser que abra tanto la boca para exigir responsabilidades en otros casos que no les afectan y después no sea lo suficientemente valiente para dar la cara”.
Así, la edila popular y jefa de filas del partido en el Ayuntamiento de Vigo volvió a pedir a la presidenta provincial “que dé la cara, dé explicaciones y deje de tergiversar y de faltar a la verdad”. En este mismo sentido, le espetó que “no puede ser que abra tanto la boca para exigir responsabilidades y explicaciones en otros casos que no le afectan, y después no sea lo suficientemente valiente como para dar la cara y explicaciones”. En el caso por el que se investiga el presunto “enchufe” de la cuñada de Carmela Silva en una concesionaria viguesa a cambio de un contrato, la Fiscalía ha pedido para Javier G.O., funcionario municipal, una pena de ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental; mientras que para el gerente de Imesapi –la empresa que se hizo con los servicios de la familiar de Silva–, Ramón C.A., se solicitan siete años por los delitos de malversación y falsedad, como cooperador necesario.
El secretario general del PP vigués Javier Dorado, explicó elmartes que Francisco Javier G.O. también está relacionado, “curiosamente”, con “otro caso” por el cual dos ediles vigueses, Ángel Rivas y Francisco Javier Pardo, declararán como investigados.
