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jueves | 18 abril | 2024
El grupo de peritos que compareció ayer en el juicio seguido en la Audiencia Nacional contra cuatro presuntos miembros de la organización independentista Resistencia Galega señaló que tenía las características propias de un grupo terrorista.
En los informes policiales figura que Resistencia Galega tenía aparatos de financiación, captación y falsificación propios de una organización terrorista.
Los abogados de los acusados denunciaron que el tribunal ha “vulnerado los derechos fundamentales” de sus clientes y les ha “obstaculizado” el ejercicio de la defensa, según se conoció ayer varios diarios digitales.
Los letrados se quejaron de las repetidas interrupciones del presidente de la Sala, el magistrado Alfonso Guevara, y de que se les haya “impedido” presentar en la vista a dos peritos, catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Santiago, que desmontarían el informe policial.
proceso
En el juicio, que quedará hoy visto para sentencia, el fiscal Marcelo de Azcárraga solicita para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega 20 años de cárcel, y para Antón Santos Pérez y María Osorio López una pena de doce años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, así como tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.
Los cuatro acusados de integrar la organización independentista Resistencia Galega negaron este lunes su pertenencia a la banda y sostuvieron que defienden los “cambios” sociales, pero por la vía “democrática”.
Según el escrito de acusación, los cuatro formaban parte de Resistencia Galega con el objetivo de subvertir “el orden constitucional” en esta comunidad autónoma, establecer “unas señas de identidad gallega” y reivindicar “la defensa de la tierra y el medio ambiente”, para lo cual justificaban “el empleo de la violencia contra las personas y los bienes”.
Según el relato policial, a las 08.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega acordó una reunión con Vigo Domínguez en la confluencia de la calle Illas Canarias con la Gran Vía de Vigo, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente.
Las pesquisas prosiguen con que tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional sobre las 09.15 horas en el peaje de la autovía AP-9, en el municipio coruñés de Teo.
acciones
A los otros dos acusados, Santos Pérez y Osorio López, se les incautaron sendos ordenadores en los que guardaban fotografías de acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista de Galicia, así como textos relacionados con la organización Assembleia da Mocidade Independentista (AMI).
A María Osorio se le incautó una memoria USB con once fotografías de acciones violentas reivindicadas por Resistencia y un DNI falso, mientras que a Antón Santos se le intervinieron fotografías de acciones de ese grupo.
Eduardo Vigo aseguró desconocer el contenido de la mochila que le entregó Rodríguez y que portó por hacerle un favor personal, mientras que este último explicó que solo siguió unas instrucciones de unos mensajes dirigidos a él que encontró en un centro social que frecuentaba.
Por su parte, Antón Santos se estaba preparando para pasar a la clandestinidad, según los investigadores, portaba fotos de actos violentos como material para su trabajo de historiador relacionado con movimientos sociales, tal y como ha declarado.
En los registros, la Policía halló en el domicilio de Roberto Rodríguez una olla a presión con más de tres kilos de la misma sustancia explosiva.
