11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El Parlamento aplicará finalmente en el próximo pleno –martes 12 y miércoles 13– los criterios para la gestión de invitados determinados por su presidenta, Pilar Rojo, que incluso llevaran ante la justicia a los que no los cumplan, con los que la oposición mostró su disconformidad.
Estos criterios fueron decididos por Rojo tras los incidentes de los últimos plenos, en los que las sesiones fueron suspendidas.
En nota de prensa, la Presidencia subraya que, tras tener en cuenta las opiniones de los distintos portavoces, “y desde el convencimiento” de que todos buscan “el mejor funcionamiento de la Cámara”, se aplicarán estos criterios que ya fueron dados a conocer a los grupos.
En todo caso, afirma que no suponen aplicación de nuevas normas, sino que ya se aplicaban por acuerdo verbal.
Igualmente, señala que la firma por los invitados de información antes de entrar se da desde la cuarta legislatura y garantiza el conocimiento de las normas.
Nuevos criterios
Así, entre los criterios figura que, en caso de que se produzcan alteraciones del orden, se remitirán a la autoridad judicial. Estos criterios estipulan también que el grupo que lleve a invitados es responsable de informarles de lo previsto en el reglamento.
Además, para su acceso al salón de plenos los invitados deberán firmar un escrito en el que constan sus deberes. Si no firma, podrá seguir la sesión desde el espacio del grupo que lo invitase a través de una pantalla.
Además, en el caso de expulsión, quienes sea desalojadas no podrá acudir a la Cámara el resto de la legislatura, sin perjuicio de otras consecuencias recogidas en el reglamento y solo podrán acceder a los locales de los grupos.
Igualmente, en el caso de expulsión, el grupo que le invitó deberá dejar transcurrir un pleno para volver a proponer invitados y, en caso de reincidencia, se perderá el cupo –18 personas– como mínimo para un período de sesiones.
Los invitados, además, no deben portar pancartas, estandartes o emblemas con mensajes.
No pueden compartirlo
Mientras, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, aseguró que su grupo no puede compartir los criterios de Rojo, al considerarlo un reglamento propio de un centro penitenciario.
Beiras remitió a Rojo un escrito para opinar sobre estas normas, en el que considera “no pertinentes” los contenidos del borrador y entiende que aceptarlos equivaldría a poner “bajo sospecha” a los ciudadanos y atribuiría funciones “parapoliciales” al grupo parlamentario.
Para Beiras, parecen un reglamento de “control, disciplina y sanción de personas que pretendan acceder a algún recinto de alta seguridad como, por caso, las visitas a los recluidos en un centro penitenciario”.
Señaló que el Parlamento es “la casa de los representantes del pueblo soberano y, como tal, debe estar abierto sin cortapisas”, salvo en circunstancias excepcionales de inseguridad manifiesta, “que de ninguna manera se van a dar”.
Por su parte, el PSdeG recordó a Rojo que el mantenimiento del orden en el Parlamento es su compentencia y esta no puede ser delegable ni eludible. A pesar de ello, sí se mostró a favor de lograr un orden en el pleno.
Por último, el nacionalista Francisco Jorquera subrayó que, por unos incidentes que “son habituales en todos los parlamentos y obedecen a una situación que se vive en la sociedad, no se puede echar gasolina al fuego”. Su postura “es clara y firme: no vamos a firmar ningún escrito ni a participar en un acuerdo que establezca nuevas normas”.
La plataforma de afectados por las preferentes del Salnés presentó un escrito en el Registro de la Xunta solicitando a la presidenta del Parlamento poder intervenir en una sesión plenaria para defender sus derechos.
En el escrito exponen que cuándo se debata un asunto relacionado con su situación pueda participar un portavoz.
