Liñares “tejió una red” en la que concedía contratos y empleos a cambio de sobornos

El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y exconcejal de Economía y Urbanismo de Lugo Francisco Fernández Liñares “tejió una red” a través de la cual otorgó, a cambio de sobornos, contratos de obras y empleos para trabajar en sus propiedades, según recoge el escrito de la Fiscalía de Lugo en una pieza separada de la operación “Pokémon”.
El fiscal Jesús Álvarez González solicita cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para Liñares por los delitos continuados de cohecho y prevaricación.
En su escrito de acusación para la apertura de juicio oral de una pieza separada relativa a la gestión en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil –de la que Liñares fue presidente entre enero de 2009 y febrero de 2012– en el marco de la macrocausa de la “Pokémon”, la Fiscalía pide la misma pena por idénticos delitos para otros nueve acusados.

Primer juicio
Este será el primer juicio en relación con la operación “Pokémon”, cuya trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones comenzó a investigar la juez Pilar de Lara en el año 2011, quien en 2012 ordenó detener a Liñares, que estuvo varios meses en prisión.
El fiscal Jesús Álvarez señala que durante la etapa de Liñares al frente de la CHMS “continuó las mismas prácticas delictivas” que realizó como concejal en Lugo –que no se abordan en esta pieza–, en las que “tejió una red de intereses económicos concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos” a cambio de “sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio”. De este modo, el Ministerio Público asegura que como presidente de la Confederación Hidrográfica “otorgó contratos de obras a sociedades con cuyos representantes se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o prestaciones de trabajo en sus propiedades”.
De este modo, la Fiscalía señala cómo Liñares, mediante el uso del procedimiento de adjudicación negociado –que permite contratar obras cuyo valor sea inferior a un millón de euros con la obligación de solicitar ofertas a al menos tres empresas–, “convino con los representantes de varias entidades la adjudicación de determinadas obras a empresas previamente seleccionadas según lo convenido entre el presidente de la CHMS y los empresarios concurrentes a la licitación”.
Asimismo, el fiscal Jesús Álvarez sostiene que el dinero recibido por Liñares en concepto de soborno fue destinado “a sus actividades empresariales, fundamentalmente la adquisición de inmuebles, y la participación en sociedades mercantiles”. 
Por el blanqueo de estas cantidades se siguen diligencias en otras piezas en las que se investiga a las sociales Doal, Cechalva y Artenosa.