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viernes | 19 abril | 2024
Los ajustes presupuestarios están llevando a las administraciones autonómicas a deshacer el camino de expansión emprendido en los 90, reduciendo a la mínima expresión el número de fundaciones y empresas públicas, lo que implica en la mayoría de los casos el despido de trabajadores.
Pese a que el punto de partida de unas autonomías y otras son diferentes, casi todas se subieron a la ola de redimensionar lo público para cumplir con el compromiso de reducción del déficit y atender así el mandato de la UE y las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.
Una honrosa excepción es la de la comunidad gallega. El presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, presume a menudo de tener sus cuentas saneadas y descarta para Galicia la “necesidad” de hacer ajustes tan severos como los de otras comunidades.
Feijóo presume de cuentas saneadas
y descarta los
ajustes severos
Mientras la Administración gallega afronta la situación con relativa calma, Andalucía está terminando de aplicar el plan emprendido en 2010 para mermar su sector público, un proyecto que afecta a más del 40% de dicho sector y que permitirá eliminar 111 entes y modificar la personalidad jurídica de otros 16. Supondrá un ahorro de 115 millones hasta 2013.
Casi imposible será reconocer el sector público aragonés después del plan del Ejecutivo autonómico para modificar el 70% de las 103 empresas en las que el Gobierno tiene participación.
El Ejecutivo de Asturias prevé suprimir el Instituto Asturiano de Estadística y el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones y unificará fundaciones como las dedicadas al fomento de la investigación.
También rebajará de forma “muy significativa” el presupuesto de la radio y televisión autonómicas y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, y venderá sus participaciones en sociedades hoteleras.
Por su parte, el presidente balear, José Ramón Bauzá, aseguró que a final de año quedarán solo 75 de las 180 empresas públicas que heredó cuando llegó al poder. Las arcas públicas se ahorrarán así 178 millones.
medidas muy duras
Canarias tiene este año 1.370 trabajadores menos que el anterior y, pese a que ya ha “adaptado” su sector público a los tiempos de penurias, su presidente, Paulino Rivero, pronostica que en 2013 tendrá que tomar decisiones “muy duras” para cumplir con los objetivos de déficit.
Quedan dos meses para que finalice el plazo que se dio Cantabria para reducir de 45 a 23 sus empresas públicas, y los datos hasta junio demuestran que se logró un ahorro a las arcas públicas de 28 millones de euros.
Castilla-La Mancha es, junto con Valencia, la autonomía que más está ajustando su sector público y ya rebajó de 25 a 4 sus empresas públicas y espera quedarse con 38 de los 86 entes con que contaba a inicios de legislatura. Ha dejado sin empleo a cerca de 5.000 interinos.
pocas y reducidas
Castilla y León es una de las comunidades con menos entidades públicas, pero pese a ello el proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 reduce de seis a cuatro las empresas y de trece a nueve las fundaciones.
Cataluña fue pionera en el adelgazamiento de su sector público, una tarea que el gobierno de CIU comenzó en 2010 con la aprobación de un decreto para suprimir y fusionar organismos, un proceso que se aceleró este año pero del que no se han ofrecido datos sobre número de empresas ni empleados afectados.
En cualquier caso, la Generalitat rebajó el salario a sus empleados en dos ocasiones y les ha quitado varios complementos.
El Ejecutivo extremeño está pendiente de obtener los resultados de un informe que le permitirá impulsar un plan de racionalización y reestructuración de sus 36 entidades públicas.
Y mientras tanto, la Comunidad de Madrid lleva reduciendo el sector público desde 2008 y ya ha eliminado 24 empresas –un tercio de las existentes– y 83 órganos consultivos, consorcios y fundaciones, un 42% de los que hay, además de prescindir del Defensor del Menor.
