De Lara hace testigo protegido en la trama “Pokémon” al jefe de biología de la Casa de los Peces

La jueza que instruye la operación “Pokémon”, Pilar de Lara, ha concedido la condición de testigo protegido al jefe de biología del acuario de A Coruña, Aquarium Finisterrae, por el supuesto acoso laboral y personal sufrido presuntamente de manera más agravada tras su declaración en sede judicial.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo emitió el pasado 9 de enero un auto en el marco de la “Pokémon” en el que la magistrada investiga unos hechos constitutivos indiciariamente, de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraudes y exacciones ilegales, manipulaciones para alterar el precio de los contratos públicos y otros.
La operación tiene una rama coruñesa muy notable, pues con veinte imputados relacionados con el Ayuntamiento ya existe una pieza separada, denominada “Pikachu”, y en algunas partes del sumario se llama a lo relativo al acuario con el nombre de la evolución de este “Pokémon”, “Raichu”.
El auto del 9 de enero trata sobre la petición del jefe de biología de la Casa de los Peces, a través de su abogada, de que se esclarezcan una serie de hechos denunciados que considera que podrían tratarse de represalias por su declaración voluntaria ante De Lara, pues fue detenido por la Policía en Ferrol el pasado 30 de octubre de 2014.

de baja
La letrada dice que “dado el cariz de los incidentes sufridos” es necesario sopesar “por parte del juzgado la posibilidad de declararle testigo protegido” y tomar “las medidas necesarias para apartarlo de los riesgos que lamentablemente, para su persona, para su buen nombre, sus bienes y libertad, está suponiendo su intervención en la causa y muy especialmente para su salud”.
De hecho, está de baja laboral por acoso y hablan de que es objeto de una campaña de hostigamiento y acoso que no solo motivó la baja laboral, sino que más tarde acabó con un robo en las instalaciones municipales donde está su despacho, que apareció con los armarios forzados.
Continuó con “la detención injustificada” en Ferrol por parte de la Policía Local y “el posterior ensañamiento periodístico de un medio que publicó información falaz para desacreditarlo”.
De Lara considera que esta persona “merece la protección dispensada a los testigos de protección” con protección para su imagen, su identidad y policial.
“Los inspectores de Hacienda, en su reciente decálogo de medidas de lucha contra la corrupción, insisten en que hay que generar instrumentos que premien comportamientos de denuncia”, explica la jueza en el auto en el que justifica su decisión.
Considera que se ve “en la práctica, la habitualidad en el recurso a la amenaza de interposición de querellas por calumnias e injurias contra denunciantes o testigos, convenientemente anunciadas”, con lo que se busca su retirada de los casos.