La Xunta tiene "prácticamente cerrado" el lugar que acogerá el juicio del "Prestige"

El conselleiro de Presidencia, Administraciones Pública y Justicia, Alfonso Rueda, ha asegurado esta mañana que la Xunta tienen "prácticamente cerrado" el alquiler de un local para la celebración del macrojuicio del "Prestige".

El petrolero Prestige provocó una de las mayores catástrofes ecológicas de Galicia al partirse en dos frente a la costa en 2002.

"Había varias posibilidades al principio, ahora prácticamente tenemos cerrado el sitio donde va a ser", ha afirmado en declaraciones a los periodistas sin desvelar la ubicación elegida.

Rueda ha remarcado que la administración autonómica "sigue trabajando" para tenerlo todo listo para cuando la Audiencia Provincial de A Coruña fije la fecha del juicio, previsiblemente después del verano.

En estos momentos la Xunta tiene avanzadas ya las negociaciones con el local que acogerá la vista, que se prevé multitudinaria, por lo que deberá ser un lugar "lo más cómodo posible para acceder y que cumpla todos los requisitos técnicos".

A este respecto, Rueda ha subrayado la importante inversión en nuevas tecnologías que supondrá el juicio, cuyo coste total será detallado "cuando esté todo cerrado".

La causa del "Prestige" fue remitida el pasado día 14 de noviembre por el Juzgado de primera instancia de Corcubión al Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá fijar la fecha del juicio.

Están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el medio ambiente y daños.

Asimismo, están señalados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac), y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 1.264 millones de euros.