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jueves | 25 abril | 2024
La Xunta evaluará el “comportamiento y conducta profesional” de los empleados públicos, así como su “grado de interés y esfuerzo” en la realización de su trabajo, la mejora en la formación y el grado de cumplimiento de los objetivos en las unidades a las que pertenecen. En cualquier caso, promete “objetividad” en estos análisis.
La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, entregó ayer a los sindicatos el anteproyecto de Ley de Empleo Público con voluntad de negociación y consenso, y ante la que los representantes de los trabajadores han expresado a priori sus “reservas”.
Muñoz avanzó el jueves en rueda de prensa tras la reunión del Consello da Xunta junto al presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, el contenido de la norma elaborada por el Ejecutivo, que espera aprobar en el Parlamento antes de que finalice el año.
Ayer explicó, después su encuentro con los sindicatos, que esta regulación “pionera” aspira a mejorar los servicios públicos y contempla criterios objetivos y normativos tanto en la evaluación del personal como en su movilidad voluntaria o forzosa, con el objetivo de que la Administración tenga “flexibilidad” para una mejor organización y prestación de dichos servicios.
Por el momento, los sindicatos se mostraron expectantes, porque fue ayer su primer contacto con el texto, y emplazaron sus valoraciones para dentro de unos quince días, cuando se han citado de nuevo con Facenda.
“Tememos que va a significar la reunificación una vez más y una atadura para tener la administración las armas precisas para acabar de desmantelar los servicios públicos”, opinó Carmen López, de la CIG, la primera en intervenir y expresar, además, su “desacuerdo con el procedimiento” en la presentación del texto y su “rechazo y malestar” por la forma, pues, dijo, no participaron de su elaboración y tuvieron conocimiento de su contenido por la prensa.
Pedro Méndez, de CCOO, expresó su “preocupación” por las “pinceladas” que se han dado por ejemplo sobre el cambio de modelo retributivo, ligado a la evaluación del desempeño, precisó, por el “componente de subjetividad importante” que conlleva.
Jorge Brunete, de CSIF, coincidió en la “reserva y cautela” ante un texto que “tendría que estar hecho hace seis años”, ha manifestado, y sobre el que ha expresado su pesimismo, “sin pretenderlo”, por su “aplicación inmediata de restricción de derechos de los empleados públicos”.
José Vázquez, de UGT, coincidió en que este anteproyecto lo esperaban “hace muchos años” y defendió la reciprocidad en la movilidad de funcionarios porque “es de lógica”.
