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sábado | 20 abril | 2024
El Parlamento gallego aprobó ayer con los votos del PPdeG el inicio del trámite parlamentario del proyecto de ley de universidades, que ha contado con el rechazo de los tres grupos de la oposición porque consideran que esta ley supone un “ataque” a la autonomía universitaria.
El proyecto se aprobó la pasada legislatura, pero la disolución del Parlamento por la convocatoria electoral motivó que no se llegase a tramitar, por lo que el pasado 10 de enero se volvió a aprobar en el Consello da Xunta y se reenvió al Parlamento, según recordó el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez.
El objetivo de este proyecto es lograr una universidad más eficiente y homogénea y centrada en las necesidades específicas de las empresas gallegas.
coordinación
De este modo, se trata de que las universidades se coordinen para, entre otras iniciativas, crear un ente de gestión única de procesos que se repiten en las tres instituciones académicas.
Además, la ley regula las enseñanzas no presenciales, persigue potenciar la especialización de los campus y mejorar la función de los órganos supervisores, como la Axencia de Calidade de Educación Universitaria.
Vázquez afirmó que se integraron el 70% de las aportaciones recibidas al proyecto e indicó que aguarda un enriquecimiento del texto durante el trámite parlamentario.
El conselleiro defendió la modificación legislativa por los cambios en las necesidades educativas y también sociales y económicos en Galicia.
Por su parte, la diputada socialista Concepción Burgo consideró que, si bien es necesario un nuevo texto normativo de universidades, tal como defendió su partido en las pasadas elecciones, no lo es el presentado por la Xunta. Burgo explicó que el PP pretende imponer un modelo productivo basado en salarios cada vez más bajos y con menos preparación, para lo que necesitan “controlar” la universidad.
“Ustedes confunden el consenso con el chantaje y el secuestro a los rectores”, aseguró la diputada socialista, que afirmó que la ley presentada supone una “vulneración de la autonomía” universitaria, tanto financiera como de libertad de cátedra y de investigación y que son esenciales para cumplir su misión.
También Ramón Vázquez, de AGE, calificó el proyecto como un “plagio de ley”, ya que se trata de una “copia”, “un vulgar corta y pega” de la ley andaluza y ha recordado que en otros lugares se dimite cuando alguien es cogido copiando. “Pero no se preocupe conselleiro, el listón de escándalos en su gobierno está alto, y si no que se lo pregunten a su presidente, porque la comparsa de los medios afines no recogerán nada de lo que se denuncie aquí, se creen intocables, pero no lo son”, advirtió.
Acusó a la Xunta de ser un fiel exponente de la “nueva gestión pública”, que no es más que desregulación, gestión ajustada al cliente, evaluación de los resultados, no de los procesos y, finalmente, privatización.
