10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
La titular del Juzgado de Instrucción Número 3, Estela San José, ha imputado a un total de setenta y ocho personas en el marco de la investigación, iniciada hace ya cuatro años, para esclarecer el supuesto sobreseimiento irregular de sanciones en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, una operación que provocó la dimisión del subdelegado del Gobierno.
Así se desprende del auto, al que tenido acceso EFE, en el que la jueza instructora da traslado al Ministerio Fiscal de las diligencias para que formule el correspondiente escrito de acusación y se proceda a la apertura de juicio oral.
Le imputa al ex subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, un supuesto delito continuado de tráfico de influencias y al que fuera jefe provincial de Tráfico, Julio González, los delitos continuados de tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación administrativa.
Al finalizar la instrucción, en la causa también ha sido imputada por un presunto delito de falsedad documental una funcionaria, que ocupaba el cargo de jefa de Negociado de Sanciones, y otras setenta y cinco personas, entre las que figuran varios cargos y ex cargos públicos, por un supuesto tráfico de influencias, por pedir que se les retirasen multas de tráfico.
La jueza instructora señala en el auto que, de las diligencias practicadas, "se desprende la existencia de un entramado de relaciones que, a través de distintos medios o modalidades", hacía que "se sobreseyeran en la Jefatura Provincial de Tráfico expedientes sancionadores de manera irregular".
En el mismo auto, estima que "el sobreseimiento de los expedientes o la minoración de la sanción" por las infracciones de tráfico denunciadas por la Guardia Civil se realizaba "a instancias del que en aquellos momentos era el subdelegado del Gobierno, Jesús Otero".
De acuerdo con las diligencias practicadas, el propio Otero era quien, "tras recibir la petición directamente por el beneficiario o a través de un tercero", realizaba "en la denuncia formulada, en una copia de la misma o incluso en un simple trozo de papel", una "serie de anotaciones" para que el expediente fuese sobreseído o la sanción aplicada fuese menor.
La jueza considera que esas "anotaciones" del subdelegado suponían para el que entonces era Jefe Provincial de Tráfico, Julio González, "una instrucción de que debía ser sobreseído el expediente" o bien que la sanción impuesta no debía llevar asociada la suspensión del permiso de conducir o la retirada de puntos para el infractor.
Una vez recibidas esas anotaciones por parte del subdelegado, aclara la instructora en el auto, Julio González "efectuaba a su vez otras", en concreto "POS TS", que según su propio testimonio tenían "carácter interno" y significaban "Por orden del Subdelegado Terminado por Sobreseimiento".
Sin embargo, el auto judicial recuerda que "en otras ocasiones era el propio Julio González quien recibía la petición del interesado y entonces sus anotaciones eran diferentes, pero en todo caso, también presuntamente irregulares".
En esos casos, la "justificación" de su conducta venía dada por "la relación personal que tenía con el beneficiado", por "la relación profesional" o "por la posición de cargo público o autoridad que tenía el peticionario".
Ante esas peticiones, "anotaba simplemente T.S", que significaba "terminado por sobreseimiento, sin que se cumpliese trámite administrativo alguno".
La instructora mantiene que "se archivaban los expedientes materialmente, dejándose prescribir", de forma que las personas que acudían a uno o a otro no necesitaban seguir "los cauces administrativos regidos por los principios de legalidad y de igualdad de trato para obtener la anulación de la sanción".
Para ello, Julio González "acudía al personal de la propia Jefatura Provincial de Tráfico" y les daba con esas anotaciones las "instrucciones pertinentes" y, según la jueza, aparecen "indicios" de que la funcionaria que ocupaba el cargo de jefa de Negociado de Sanciones las llevó a cabo "conociendo la irregularidad de lo que venía sucediendo".
En el citado auto judicial, la instructora diferencia entre aquellas personas que acudían directamente a Jesús Otero para reclamarle la retirada de una sanción o para interceder por terceras personas y entre aquellos otros que consiguieron que su expediente fuese sobreseído "de manera harto irregular, sin influencia del antiguo subdelegado, tan sólo por la voluntad del jefe provincial de Tráfico".
En el grupo de personas imputadas por solicitar el favor de Jesús Otero figuran sesenta y seis personas, entre las que destacan alcaldes del Partido Socialista y del Partido Popular, antiguos cargos públicos de la estructura provincial del gobierno gallego en tiempos del bipartito y un miembro del gobierno de la Diputación de Lugo, entre otros.
Otras nueve personas fueron imputadas por pedirle favores directamente al antiguo jefe provincial de Tráfico.
Además, otras veintidós personas fueron investigadas en el transcurso de la instrucción, pero la jueza reconoce que "tras las diligencias practicadas no pueden hallarse indicios suficientes para entender que cometieron acto ilícito alguno".
