11º-23º
sábado | 20 abril | 2024
El exconcejal compostelano Ángel Espadas, antiguo asesor del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, ha abonado una fianza de 10.000 euros para abandonar la prisión de Teixeiro, en la que se encontraba desde mediados de febrero por orden de la instructora de la operación “Pokémon”, que también le ha retirado el pasaporte.
Fuentes judiciales informaron de que Espadas depositó el jueves la fianza impuesta por la jueza instructora y abandonó el centro penitenciario, donde estuvo recluido en la enfermería desde el momento de su traslado, el pasado 16 de febrero, tras prestar declaración ante Pilar de Lara.
Además, en el auto de libertad provisional dictado por la jueza se establecen una serie de medidas cautelares, como la obligación de presentarse semanalmente en sede judicial y la retirada del pasaporte.
Espadas continúa imputado por tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas.
La Audiencia Lugo rechazó el mes pasado el recurso de su defensa para lograr la excarcelación, al entender que existía “riesgo de fuga” y que la puesta en libertad del imputado podría entorpecer las diligencias.
Espadas fue uno de los nueve detenidos en la operación “Manga”, la segunda fase de la “Pokémon”, que fue enviado a prisión por la jueza instructora, después de prestar declaración durante más de cuatro horas y de que su domicilio fuese registrado por agentes de Vigilancia Aduanera.
La investigación se centra en una supuesta trama de corrupción en diversas administraciones gallegas y catalanas para hacerse con contratos públicos.
Por otra parte, el exdirector de Aquagest en Galicia Henry Laíño, que el jueves fue detenido en Barajas por orden de la jueza instructora pasó ayer a disposición de la autoridad judicial, según fuentes del TSXG. Fuentes jurídicas señalaron que si ha sido llamado es porque se considera una pieza clave en estas indagaciones, y que hasta que concluya su testimonio no se conocerá en qué situación queda.
Según informaciones publicadas ayer, su empresa, Aguas de Barcelona, a la que pertenece Aquagest, lo había destinado a América para representarla en Colombia y esa marcha “precipitada” fue la que motivó que la jueza firmase una requisitoria y la orden de arresto.
