9º-16º
martes | 23 abril | 2024
Los servicios jurídicos de la Diputación de Ourense interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras la sentencia del TSXG que ha determinado que la extinción de 25 contratos no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación económica negativa.
La institución provincial, después de analizar el fallo de esta sala de lo social, concluye que el mismo "no anula" los despidos, sino que los declara improcedentes, y esto implica que el ente ha de optar entre readmitir a los empleados o confirmar su despido, en este caso elevando las indemnizaciones, que pasarían a ser de 45 días por año trabajado.
La Diputación de Ourense entiende, según informa en un comunicado, que la sentencia rechaza de "forma contundente" todos los argumentos esgrimidos por el sindicato Comisiones Obreras para solicitar la nulidad del proceso, mientras que da la razón a la institución provincial frente al informe de la Inspección de Trabajo y la determinación de la autoridad laboral, al declarar la caducidad del expediente basándose en el bajo número de despidos y en la duración del período de consultas.
Conforme a los razonamientos de la sentencia, "queda claro", estima el ente que preside Manuel Baltar, que la declaración de caducidad propuesta por la Inspección de Trabajo y declarada por la autoridad laboral era "incorrecta".
Pese a ello, los servicios jurídicos interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que se atiendan todos los argumentos que justificaron la realización del Expediente de Despido Colectivo (EDC), por considerar que el argumento económico dado por la sala es "erróneo".
Así, la Diputación alega que con la interpretación sostenida por el alto tribunal, habría que concluir que si la institución provincial hubiese reducido menos el gasto e incurriese en déficit, los despidos sí habrían sido declarados procedentes.
"Paradójicamente, la interpretación sostenida por el tribunal lleva a premiar una mala gestión presupuestaria", enfatiza la Diputación, y conforme a esa interpretación bastaría con que la Diputación no hubiese reducido tanto sus créditos de gastos e incurriese simultáneamente en déficit para que existiese una causa económica.
Por estas razones, los servicios jurídicos entienden errónea esta interpretación, que reduce la existencia o no de causa económica a una mera "cuestión de gestión presupuestaria, y prescinde, por el contrario, de la situación económica real de la administración".
