La jueza se inhibe de la pieza de Vendex y apunta a una posible financiación ilegal de PP y PSOE

La titular del Juzgado de Instrucción número 1, Pilar de Lara, ha dictado un auto por el que se inhibe al Juzgado central de Instrucción de la pieza en la que se investigan las concesiones logradas por el Grupo Vendex y en la que permanecen imputadas 46 personas.
El auto tiene fecha del 14 de octubre, es decir, un día antes de que Vendex presentase un escrito de recusación a Pilar de Lara ante el Juzgado de Instrucción número 1. En él, el grupo empresarial investigado decía que la magistrada había llevado a cabo una “actuación irregular continuada” durante la instrucción.
En esta pieza se encuentra todo lo relativo a las actividades supuestamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en Galicia –así como Cataluña y en Baleares–, que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Así, al igual que en un auto anterior del mes de julio relativo a la pieza que aborda la supuesta actividad delictiva de Aquagest, la jueza entiende que estas actuaciones afectan a una “generalidad de personas” en el ámbito de más de una comunidad, por lo que decide inhibirse.
Además, la jueza sostiene en el auto que, según las manifestaciones contenidas en las conversaciones telefónicas interceptadas, el resultado de entrada y registro, y las declaraciones de los testigos e imputados, el dueño de la empresa, Gervasio Rodríguez Acosta “habría implantado una política empresarial en todo el territorio nacional donde actúa conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las administraciones en toda España, realizará presuntamente sobornos”.
Estos “sobornos” tendrían como destino “aquellas autoridades municipales y funcionarios que, bien directa o indirectamente, han realizado actos o influenciado en los funcionarios que forman parte de los órganos de contratación con la finalidad de obtener diferentes contratos con las administraciones y muy especial, con la local”.
Para “gratificar” la actuación de los políticos, el grupo empresarial realizará diferentes actuaciones como sobornos, regalos o exención de tasas de la ORA.
Además, también se realizarían, supuestamente, “pagos de dinero a algunas personas”, entre las que la jueza cita a Orozco, Liñares, Gacio y al exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela. También la jueza mantiene que se han hecho entregas de dinero a los entes para la realización de actos o eventos, al respecto de lo que pone el ejemplo de A Coruña; y “entregas de dinero a partidos políticos, PP y PSOE, incurriendo en una posible financiación ilegal”.