El juez atribuye al padre de Asunta la idea “perversa” del crimen de su hija

La instrucción considera probado que en el domicilio del padre de Asunta, Alfonso Basterra, es donde se produjo la ingesta de tranquilizante, una elevada dosis para provocar un pasmoso aturdimiento, y también que existe una autoría material y otra intelectual y “perversa”.
Según el auto por el que el instructor José Antonio Vázquez Taín decide el levantamiento del secreto de sumario, Alfonso Basterra y Rosario Porto tenían un “plan concordado” para matar a su hija bajo el cual él se encargaría de drogarla, lo que habría hecho “al menos en los tres último meses”, hasta el aturdimiento para “facilitar” la sofocación que ejecutaría ella.
En el auto, el magistrado Vázquez Taín apunta que el periodista Alfonso Basterra conoce que en base a los resultados de la autopsia y a los análisis de Toxicología se le imputa que el día en que murió la niña, como ya ocurrió en “episodios anteriores”, le suministró una “dosis tóxica” de un ansiolítico.
Especifica el auto que el motivo de esta acción sería privar a la víctima de “toda voluntad y defensa” y, presuntamente, facilitar a la madre la acción de asfixia “en un plan concordado” con la abogada Rosario Porto, su ex mujer y madre de la pequeña.
Los dos están encarcelados en el penal coruñés de Teixeiro acusados de la presunta comisión de un delito de asesinato, algo que los dos únicos imputados por este crimen niegan.

Perfectos conocedores
Vázquez Taín explica en esta providencia que ambos son “perfectos conocedores de los hechos que se les imputan y de gran parte de los indicios que existen contra ellos” y añade que una cuestión distinta y lógica es que por su situación procesal y fáctica hayan optado por guardar silencio hasta ser “perfectos conocedores” de todo el contenido de la causa.
La razón de este mutismo sería no volver a entrar en contradicciones “palmarias con pruebas objetivas” como ha ocurrido con el lugar y hora en que vieron por última vez a Asunta, puesto que Basterra corroboró la versión de Porto hasta que, sabedor de la existencia de grabaciones que la contradecían, “comenzó a afirmar que no había preguntado a su esposa dónde había quedado la menor”.

Desmentidos
Otra discrepancia se produce, según el auto, cuando la propia Rosario afirma que Alfonso tenía el tranquilizante Orfidal en su domicilio, ya que en el momento en que esto se le comunica a él, lo desmiente.
También, en base a la declaración de Porto, se acusa a Basterra de “haber intoxicado supuestamente a la menor al menos en una ocasión con polvos blancos que no ha explicado de qué se trataba”.
De Rosario Porto, el juez indica que “conoce perfectamente” que se le considera “responsable en connivencia con el otro imputado” de drogar “durante un período de al menos tres meses a su hija” y de asesinarla “mediante asfixia mecánica” el día 21 de septiembre.
Además “conoce perfectamente” que han pesado en dicha imputación sus “confusas” explicaciones sobre el presunto incidente en el que un desconocido intentó matar a la fallecida Asunta y que ella relató en comisaría cuando interpuso la denuncia de desaparición, sobre “dónde y cómo” dejó a la menor el día de su fallecimiento, y sobre “qué hizo en el período de tiempo” en el que la niña fue presuntamente asesinada.
Si no hubo un alzamiento hasta ahora, se debe a que el secreto acordado estaba basado en la necesidad de practicar una serie de actos de instrucción con las mínimas garantías y, en todo caso, “todavía quedan una serie de elementos de instrucción que justificarían” mantenerlo, como la desaparición del ordenador de Alfonso Basterra o de su segundo terminal móvil, que “por razones que se escapan” ha ocultado.

Colaboración
No obstante, dado que tanto Basterra como Porto habían manifestado expresamente que no colaborarían mientras estuviese vigente el secreto, decidió levantarlo a fin de que sus defensas puedan instruirse de todo el acervo probatorio conseguido.
El juez detalla que el contenido de los folios del sumario es “realmente sensible” y por ello las copias entregadas a todas las partes personadas llevarán una marca de agua diferenciada para identificar a los autores de las filtraciones.
En la instrucción quedó descartada la intervención de una tercera persona, por lo que el juez decidió levantar el secreto.
Asunta, una niña con altas capacidades, falleció con 12 años, un asesinato que conmocionó a la sociedad gallega.