martes 26.05.2020

Investigan a veinte empresas y cinco buques pesqueros por la venta ilegal del gas R-22

Una veintena de empresas nacionales y extranjeras son investigadas y una compañía y cinco buques pesqueros inspeccionados por comercialización ilegal del gas R-22, en el marco de una operación denominada “Xiada” contra la contaminación de la atmósfera.

Una veintena de empresas nacionales y extranjeras son investigadas y una compañía y cinco buques pesqueros inspeccionados por comercialización ilegal del gas R-22, en el marco de una operación denominada “Xiada” contra la contaminación de la atmósfera.
La unidad de medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía General del Estado coordina la operación contra el comercio ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono culminada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en la que se investiga a estas 20 empresas nacionales y extranjeras.

informaciones
Desde el mes de septiembre de 2014, según informa la Fiscalía General del Estado, la unidad central operativa medioambiental de la Jefatura del Seprona de la Guardia Civil, bajo instrucciones de la mencionada unidad de la Fiscalía y en coordinación con la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Pontevedra, venía analizando en esta operación diversas informaciones que apuntaban a la comercialización ilegal del gas R-22, cuyo uso tiene efectos nocivos sobre la capa de ozono.
La operación culminó con la investigación de 20 personas jurídicas y la inspección de una empresa y cinco buques pesqueros, y se ha producido la incautación de 37.000 kilos de gas R-22 que podrían haber generado unos beneficios ilícitos de más de 1.000.000 de euros.
El R-22, explica la Fiscalía en un comunicado de prensa, es un gas cuyo uso está prohibido en casi todo el mundo porque afecta directamente a la capa de ozono atmosférico reduciendo su espesor. Sin embargo, según las pruebas obtenidas, empresas españolas y de otros estados que han suscrito el Protocolo de Montreal, que prohíbe su uso, lo venían utilizando habitualmente.
Las aplicaciones más frecuentes del R-22 se relacionan con la producción de frío, en este caso en varios buques pesqueros que congelaban en alta mar sus capturas. La causa de su uso ilícito radica en el hecho de que el kilo de este producto no supera en ningún caso los diez euros, mientras que cualquiera de los sustitutos legales tienen un precio medio que ronda los treinta euros.
Según la investigación, una empresa española habría podido estar comerciando ilegalmente con gas R-22, utilizando distintas argucias técnicas para camuflar la realidad de su actividad empresarial.
Para ello, camuflaba cantidades, destinos reales y objeto de la actividad, y vendía el gas a empresas comunitarias solicitando licencias de exportación a la Comisión Europea para justificar el gas vendido en los informes anuales que debe emitir la empresa.

Comentarios