9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
La instrucción de la Operación Pokemon continúa y, a pesar de que la jueza Pilar de Lara se ha visto obligada a apartarse momentáneamente de la causa como consecuencia del incidente de recusación planteado por el empresario Miguel García Gesto, su sustituta en el Juzgado número 1 de Lugo ha seguido realizando diligencias.
El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha señalado que, en ningún caso, la causa "está paralizada", dado que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en los casos penales la instrucción nunca puede pararse por la recusación del juez titular.
De hecho, cuando se plantea un incidente de recusación, como el que formuló García Gesto, imputado en la Operación Pokemon, si la instructora no encuentra ningún defecto de forma "tiene que apartarse automáticamente del caso", como ha sucedido en este momento con la jueza De Lara.
Entonces, tiene que hacerse cargo de la causa su "sustituto natural", que en este caso es la jueza de refuerzo nombrada hace meses por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el volumen de trabajo que se acumulaba en el Juzgado de Instrucción Número 1.
De hecho, el TSXG aclara que "la causa sigue su trámite" y desde el inicio del incidente de recusación, que obligó a la jueza De Lara a apartarse de la instrucción, se han tomado "declaraciones" por parte del Juzgado dentro de la Operación Pokemon y se han dictado "resoluciones".
Al plantearse el incidente de recusación por parte de uno de los imputados, en este caso por el altercado que tuvo el propio García Gesto con la jueza a finales de agosto, el juzgado tiene la obligación de dar traslado a "todas las partes" personadas en el proceso para que decidan si se adhieren o no a la misma.
De hecho, los abogados de todas las partes personadas en la causa tienen de plazo hasta este jueves, día 17 de octubre, para expresar su opinión.
Posteriormente, será la propia jueza la que tendrá que emitir "un informe" para enviárselo a la Audiencia Provincial, que será la que decidirá sobre la recusación o no de la jueza.
