Igualdade insta a “toda la sociedad” a luchar contra la violencia machista

La secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, instó a “toda la sociedad” a colaborar para luchar contra la violencia de género, durante la presentación de una nueva convocatoria de ayudas y subvenciones a los ayuntamientos para la promoción de la igualdad. En concreto, la Xunta destina este año a este programa una inversión de 3,3 millones de euros.
En la presentación de estas ayudas, y tras dos episodios de violencia de género en A Coruña y Pontevedra el día de Reyes, López Abella, calificó de “terribles” hechos de este tipo. No obstante, destacó “la colaboración” de vecinos o familia para que sucesos así no acaben en un “final trágico”. “Este es un problema de las instituciones, pero también de toda la sociedad y todos debemos colaborar”, sentenció.
En cuanto a la nueva convocatoria para ayuntamientos, la secretaria xeral da Igualdade, acompañada del delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, indicó que esta línea de ayudas se distribuye en tres programas.
Uno de ellos se refiere a la prevención y tratamiento integral de la violencia de género, con un total de 44.750 euros, un 51,36% más que en 2015; otro de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, con 344.111,59 euros, un 9,4% más y un tercero de apoyo a los Centros de Información a las Mujeres, por 2,9 millones de euros.

Silva no acepta “lecciones”
Por su parte, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, subrayó que no acepta “ninguna lección” en materia de igualdad ni del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ni de “nadie del PP”, ya que “nunca se han reflejado como agentes activos en la igualdad de las mujeres, más bien todo lo contrario”.
En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno de la institución provincial, Silva fue preguntada por los periodistas por la decisión del alcalde socialista del Ayuntamiento de Ponte Caldelas de cerrar su Centro de Información a la Mujer, una decisión que Silva describió como un “problema exclusivamente de índole laboral”, derivado de contrataciones “muy propias del PP allí donde gobiernan”.