El Gobierno actuará con la Justicia en el caso del "destierro" de 400 gitanos

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, requerirá un informe a la Guardia Civil y en colaboración con la Justicia actuará para mantener la legalidad en el caso de los 410 gitanos supuestamente "desterrados" de la Comunidad autónoma.
Villanueva ha recibido hoy al presidente de la Asociación Gallega de Ambulantes y Autónomos, Francisco Romero, quien previamente prestó declaración ante la Fiscalía, y se ha interesado por los hechos denunciados al fiscal, que ahora deberá dirimir las actuaciones que correspondan.
El delegado ha abordado durante esa reunión la necesidad de acreditación efectiva y formal de la violación de derechos sobre este colectivo para iniciar actuaciones.
Pero también ha indicado que la Delegación del Gobierno requerirá un informe a la Guardia Civil para, en colaboración con la Justicia, actuar para mantener la legalidad en este caso, han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno.
La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación y continuará llamando a más implicados en este caso del que el presidente de la asociación de ambulantes responsabiliza al "clan dos moróns", según ha explicado el presidente de la asociación de ambulantes a los periodistas.
Romero, que media por los 410 gitanos del sur de Galicia supuestamente desterrados de la comunidad autónoma, ha pedido garantizar su integridad para que "en 24 horas" estén de vuelta a su tierra.
"La justicia tiene una velocidad pero esta gente cada tres horas tiene hambre, y a ver si de aquí a mañana el delegado del Gobierno hace una declaración garantizando la integridad de esta gente y que se cumplan las normas democráticas" para que "en 24 horas están aquí".
Según Romero, "fuera de aquí no tienen nada", y por ello, dado que los gitanos "tienen temor a hacer declaraciones", se ha ofrecido a "mediar porque no había nadie que hablara" y deben regresar "con la misma dignidad con la que se marcharon".
El presidente de esta asociación ha asegurado que los ayuntamientos pueden tomar medidas "antimafia" aplicando el artículo 77 de la Ley de Comercio, de manera que haya que mostrar la autorización municipal para la venta, así como estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social.
Ha culpado al "rey de todos" de esta situación, empezando por Vigo, con cinco mercados sin ordenanza municipal, ha dicho, así como los de Cangas, Moaña y Ponteareas, ha enumerado, donde "hay que entrar y cortar" esta situación por parte de la Administración local.
El pasado 8 de noviembre, más de 400 residentes en O Porriño y Tui abandonaron Galicia por el destierro de cuatro familias gitanas castellanas por parte de la Sociedad Gitana en Galicia a raíz de un conflicto por un mercadillo ambulante en el municipio fronterizo con el norte de Portugal.
Según Romero, el trasfondo del asunto es el interés de un sector de los ambulantes de copar todo el negocio, algo de lo que ha culpado a las administraciones locales por no regular debidamente esta actividad.

El Gobierno actuará con la Justicia en el caso del "destierro" de 400 gitanos

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