García Liñares dimitirá como diputado pero seguirá siendo alcalde de Cerceda

José García Liñares dimitirá hoy como diputado provincial pero se mantendrá al frente de la alcaldía de Cerceda lo que queda de mandato. Así lo anunció ayer en la comparecencia pública que realizó para explicar su situación tras la sentencia judicial que lo condena a año y medio  de cárcel y a 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación. 

Si bien el regidor insiste en su inocencia y en que es víctima de una “concatenación de erros” de terceros, decide renunciar a su acta en la Diputación de A Coruña donde es responsable del área de Deporte porque, en primer lugar, es un tema estrictamente local y, en segundo lugar, porque “non quero involucrar a ninguén dos meus compañeiros ou  excompañeiros da Deputación nin quero que se vexan sometidos a ningunha presión por este tema”. 

No obstante, está decidido a agotar su mandato como alcalde a pesar las exigencias de dimisión. Al respecto, señaló que el Partido Socialista no puede pedir su renuncia porque “non son militante do PSOE desde que iniciou este tema”, aunque aclara que nunca ha recibido presiones de los socialistas para que deje el cargo. Sobre las exigencias de BNG y PP asegura que no le preocupan. Además, dice que por el cargo de prevaricación solo tendría que abandonar la alcaldía si la sentencia fuera firme –que no lo es– y que el asunto de la inelegibilidad “é un tema que iremos vendo” porque no está del todo clara la inhabilitación. En cualquier caso, asevera que no sería el único alcalde en España que no dimite estando condenado.

El drenaje sí existe 
El principal objetivo de la comparecencia fue desmontar los argumentos de la sentencia condenatoria del Juzgado de los Penal nº 2 de A Coruña, que García Liñares califica como “errónea porque contén múltiples erros”. 
Sobre el delito de fraude a la Administración por las obras de drenaje en el jardín botánico de O Acevedo, que según el juez no existen, Liñares demostró “in situ” que las obras sí se realizaron y para eso mantiene abiertas las catas que se hicieron inmediatamente después del juicio para realizar la segunda acta notarial, en las que se puede ver la infraestructura. De hecho, de la existencia del drenaje dan fe dos actas notariales y también un informe de la Guardia Civil encargado por el propio juez del caso.

García Liñares denuncia, a mayores, que hay una evidente incongruencia en la sentencia, porque mientras que el juez dice que la obra no existe –de allí el delito de fraude–, el fiscal señala que la obra es innecesaria. “Se era innecesaria, existe”, sentencia el mandatario y, por lo tanto, solo tendría que demostrar que la actuación sí era necesaria, algo que no pudo hacer porque fue un delito del que nunca se le acusó. 

En este sentido, asegura el regidor que se vulneró su derecho a la defensa ya que el asunto de la existencia o no del drenaje surgió una vez que él ya había declarado ante el juez y, de hecho, se basó en meras suposiciones. “Do que non me podo defender nunca é do que non se me acusa”, apunta. 

Error del secretario
Respecto a la acusación de prevaricación relacionada con la contratación de las obras de las lagunas del jardín botánico, el primer edil manifiesta que no se dan las condiciones para comprobar la comisión del delito. 

La primera es que sea una decisión injusta, cosa que García Liñares niega, argumentando que él se limita a seguir estrictamente las indicaciones de los funcionarios municipales, aunque reconoce que hay un error en el procedimiento de contratación elegido, pero matiza: “É un erro do secretario, non meu”. 

Y es que en el informe de Secretaría se especifica que la obra en cuestión tenía un importe de menos de 200.000 euros, por lo que la contratación puede realizarse mediante un procedimiento negociado; es decir, pidiendo directamente ofertas a tres empresas. Sin embargo, el presupuesto de la actuación era en realidad de 314.000 euros, por lo que procedía realizar una licitación pública abierta, a pesar de lo cual el expediente contaba con todos los informes favorables.

“Os dous así o recoñeceron –Secretaría e Intervención–. Non estou a facer nada que os técnicos municipais non me digan”, zanja. Otra de las condiciones para condenar por prevaricación  es que se tenga conocimiento de la decisión injusta, algo que Liñares afirma que en su caso no se cumple porque él nunca fue conocedor de la existencia de este error de los funcionarios. “A min non mo di” y así lo confirmó el secretario ante el juez, según se recoge en la sentencia. “Non hai ningunha afirmación que diga que eu tiña coñecemento”, apostilla.  

Defiende, por otro lado, que no hay arbitrariedad en la contratación de las obras porque se siguió el procedimiento marcado por el secretario–aunque fuera erróneo– y se cumplieron los plazos.

El alcalde finalizó su comparecencia diciendo que “o que me preocupa é ter a conciencia tranquila, que a teño, e demostrar a miña inocencia, que acabarei demostrando non se se na Audiencia, no Supremo, no Constitucional, non se onde será, pero algunha vez terá que  resplandecer a verdade e verdade non hai máis que esta, por máis que se queiran retorcer as cousas”.