Galicia se alía con el País Vasco y Asturias en defensa del sector naval

Los gobiernos de Galicia, Asturias y el País Vasco preparan una acción conjunta en defensa del sector naval, en contra de la devolución de los incentivos fiscales que propugna el comisario Joaquín Almunia.
El anuncio de que el comisario propondrá a la CE que España devuelva las ayudas fiscales (“tax lease”) del sector naval generó ayer una cascada de reacciones críticas con su gestión de todo el arco parlamentario en Galicia.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, elehendakari, Iñigo Urkullu, y el titular del Principado de Asturias, Javier Fernández, se reunirán pasado mañana con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para analizar posibles soluciones a la devolución de las ayudas.
Los tres Ejecutivos autonómicos están preparando una acción conjunta en defensa del sector naval y en contra de la devolución de los incentivos fiscales que propugna el comisario europeo.
De hecho Feijóo confirmó ayer que estaban consensuando una postura común de apoyo al sector naval entre el Gobierno y las comunidades afectadas.

Apoyo inequívoco
“Estamos trabajando para que el lunes o el martes podamos ofrecer al sector un apoyo inequívoco del Gobierno central y de las tres comunidades”, dijo el presidente gallego en declaraciones a la prensa a la conclusión del acto de entrega de las Medallas Castelao.
Feijóo confía en que con “esos principios básicos entre las comunidades, el Ministerio de Industria y el presidente del Gobierno de España, podamos mandar un mensaje muy claro a las autoridades europeas”.
También el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, insistió en que “las ayudas no hay que devolverlas porque los astilleros cumplieron la ley”, por lo que aludió a la “responsabilidad” de la CE en este ámbito y, en concreto, de Almunia, cuya misión es “buscar soluciones que sean igualitarias y proporcionadas” para todos los países de la Unión Europea.
Pero, continuó, esta propuesta que tramita Almunia “ni es igualitaria, ni es proporcionada, ni es justa”, por lo que reprochó al comisario que “en las formas no está siendo nada correcto”.
Dijo que “es muy difícil de entender que la CE pretenda cerrar un sector en un país y que sean otros países europeos y asiáticos los que construyan barcos en mercados internacionales”.
Por ello, la Xunta está haciendo “todos los esfuerzos” para defender lo que cree “justo”. “No vamos a dejar ningún fleco abierto para intentar que nuestro sector pueda continuar construyendo barcos”, agregó.

Ofensiva
Además de la indignación política en las tres comunidades afectadas por la decisión de Almunia, las protestas se sucedieron en el propio sector. Así, La patronal gallega del metal (Asime) confió en que la ofensiva “jurídica, diplomática y política” que le “suplicó” al Gobierno en defensa del naval sirva para evitar “in extremis” la consumación de lo que ve una “locura histórica”, que atribuye a intereses de los competidores europeos. La patronal del metal argumentó en un comunicado de prensa que todo lo que no sea aplicar el mismo criterio que a Francia sería “una criminalidad jurídica” y “un ataque inédito en la historia de Europa a una industria nacional y a un país miembro de la Unión”.
Incidió en que el naval español resulta un competidor “tecnológicamente incómodo” para Holanda o Noruega, y recordó que del dictamen de la Comisión Europea dependen 88.000 empleos, 19 astilleros y 700 industrias auxiliares.
Por eso, recalcó su “apoyo total” al Gobierno, al que pidió que no “abandone” al sector naval ante las “demagógicas y falaces” declaraciones de Almunia en cuanto a que la posible devolución de ayudas no afectará a los astilleros. n