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viernes | 19 abril | 2024
Galicia, al igual que otras seis autonomías, remitieron ayer al Gobierno central al ser preguntados por la sentencia europea que declara ilegal el \“céntimo sanitario\” que estas cuatro comunidades (y otras nueve más) aplican. En concreto, consideran que es el Estado el que tiene que cumplir la sentencia, ya que es el que recauda ese dinero.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo \“cumplirá y ejecutará\” la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en contra del \“céntimo sanitario\” en los \“términos que los propios tribunales señalen\”.
La vicepresidenta informó sobre cómo se desarrolló este impuesto e indicó que, con ocasión de la reforma de la financiación autonómica de 2001, la Secretaría de Estado de Hacienda encargó un informe a un grupo de trabajo. Tras consultar a los servicios de la CE, estos mantuvieron que el acervo comunitario pedía ceder a las autonomías las competencias para fijar el tipo de los impuestos especiales armonizados, en particular el que grava los hidrocarburos.
Basándose en esa contestación, prosiguió Sáenz de Santamaría, se descartó adoptar las medidas que la Comisión \“claramente había considerado contrarias al Derecho comunitario\”.
Las comunidades entienden que, si finalmente hay que pagar, deberá ser el Gobierno central el que se haga cargo de las devoluciones por recargos en los hidrocarburos que algunas autonomías ejercían desde 2002.
Así, la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, insistió ayer en que es el Estado el que tiene que buscar los mecanismos para cumplir la sentencia. De hecho el propio presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo ya se expresó en estos términos el pasado jueves.
Trece comunidades aplicaron este gravamen, todas salvo La Rioja, Canarias, el País Vasco y Aragón, con una cuantía de entre 1,2 y 4,8 céntimos.
El impuesto fue aplicado por Madrid a partir del 1 de agosto de 2002; en Asturias y Galicia, desde enero de 2004, y en Cataluña, desde agosto de 2004.
Posteriormente, y a consecuencia de la crisis económica, fueron sumándose la mayor parte de las comunidades restantes.
A excepción de Navarra, que debido a su régimen foral recauda por sí misma los impuestos aplicados a los navarros y por tanto deberá responder por dicha recaudación, el resto no duda en señalar al Gobierno central.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó que será este quien lo debe asumir y no las arcas públicas de las comunidades que han hecho \“un esfuerzo ingente para cumplir el déficit\”. Su homólogo asturiano Javier Fernández incidió también en que esos reintegros deben correr por cuenta estatal y que, en caso contrario, Asturias recurriría la decisión.
El presidente de Madrid, Ignacio González, coincidió en que si alguien tiene que devolver el dinero sea el Estado y no las autonomías, a las que, dijo, ya se les redujo esa cuantía del Fondo de Suficiencia.
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, señaló que \“es tan ilegal el tramo autonómico como el estatal\”, que ha existido siempre y, como fue el Estado el que recogió todo ese dinero, es ahora el que tendrá que ofrecer una solución a las autonomías.
