PSdeG pide un plan antifraude en la contratación pública y PP destaca las medidas puestas en marcha por la Xunta

El PSdeG ha pedido en la Cámara gallega aprobar un plan antifraude en la contratación pública en el ámbito del sector público autonómico, una petición ante la que el PPdeG ha recordado las medidas puestas en marcha por el actual Gobierno gallego para velar por el cumplimiento de la legalidad.

En concreto, la propuesta ha sido defendida en la sesión plenaria de este martes por el diputado socialista Juan Díaz Villoslada, quien ha considerado una "prioridad absoluta" la lucha contra las manipulaciones en las licitaciones públicas, que "inundan medios y juzgados", como la 'Operación Lezo' que investiga una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Por ello, ha asegurado que es necesario "avanzar con más decisión en la adopción de medidas técnicas y legales que, más allá de la necesaria transparencia y regulación de los procesos y criterios, luchen y eviten sistemas de fraude en la contratación pública".

Y es que, según ha indicado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que el sobrecoste causado por las malas prácticas "anticompetencia" ascienden a 40.000 millones de euros al año, un 4,5% del PIB, porcentaje que supera incluso la previsión de déficit comprometida por España con Bruselas para 2015.

ENMIENDA DEL PPDEG

Esta iniciativa, ha contado con una enmienda de los populares gallegos cuya diputada Paula Prado ha replicado al parlamentario socialista al asegurar que el PPdeG está "abochornado" con todos los "casos de corrupción". "Vengan de expresidentes de la Junta de Andalucía o vengan de expresidentes de la Comunidad de Madrid", ha señalado.

Además, según ha explicado Prado, la enmienda del PPdeG pide incluir en la parte resolutiva de la proposición una referencia a las "medidas ya aplicadas" por la Xunta para mejorar la contratación al asegurar que "no es cierto que no se haya hecho nada" desde el actual Ejecutivo autonómico para eliminar estas prácticas.

Además, los populares también han demandando tener en cuenta la entrada en vigor de las nuevas normas comunitarias que inciden en la contratación, los posicionamientos de la Comisión Europea en materia de prevención de la corrupción y medidas de actualización de la formación de los empleados públicos en esta materia.

Con todo, el autor de la iniciativa, el socialista Juan Díaz Villoslada, ha avanzado su rechazado a esta enmienda al considerar que "el PP no debería tener ningún tipo de reparo" estos días para "acometer un plan necesario contra la corrupción en materia de contratación y licitación pública". "No vamos a aceptar de ninguna forma esta enmienda porque es clarísimo el sentido que le damos", ha manifestado.

CRÍTICAS A LA CORRUPCIÓN

Tanto el Bloque como En Marea han avanzado que apoyarán esta iniciativa del PSdeG en las votaciones que tendrán lugar en la jornada plenaria del miércoles y han coincidido al cargar duramente contra los últimos casos de corrupción que afectan a excargos del PPdeG.

Así, en primer lugar, el diputado nacionalista Luís Bará ha considerado que "la realidad es que cada vez hay más líos en el PP, más fraude, menos transparencia y menos ética" ya que, en su opinión, "la ética es incompatible con el capitalismo".

Por su parte, la parlamentaria de En Marea Carmen Santos ha aprovechado para cuestionar la relación del PP de Madrid con el empresario Villar Mir, propietario de Ferroatlántica. "Igual somos mal pensadas y las aportaciones de Villar Mir al PP son fruto del azar y no incentivos para asegurarse contratos públicos", ha ironizado.

Tras ello, censurado los diferentes casos de corrupción que afectan a cargos del PP, como el Pokémon, la Púnica, la Gürtel de los que ahora los populares "quieren desentenderse" al asegurar que "son casos aislados" y ha criticado que todos los exministros del gobierno de José María Aznar "o estén implicados en casos de corrupción o formen parte de consejos de administración de empresas".