10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
Los centros gallegos afrontan este jueves una jornada clave.
El curso arranca para 4º y 5º de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de primaria y de Educación Especial, unos 103.874 estudiantes, pero en un contexto marcado totalmente por la incerteza de las condiciones sanitarias, los protocolos y la disposición de recursos y medidas para su cumplimiento, que ha suscitado el rechazo de sindicatos docentes, confederaciones de ANPA y las quejas de administraciones locales.
La jornada de inicio de curso coincide con una huelga de profesorado convocada por CIG, CC.OO., STEG y CSIF, con el objetivo de reclamar a la Xunta que realice la inversión necesaria para contratar personal, reducir alumnos por aula y compensar los gastos extraordinarios a raíz de la aplicación del protocolo de adaptación de los centros a la situación provocada por la COVID-19.
A mayores, estas organizaciones cuentan con el apoyo del movimiento asociativo estudiantil y de las confederaciones de ANPA de centros públicos. Una de ellas, Anpas Galegas no solo secunda la protesta sino que llama a las familias a no enviar a sus hijos a clase durante ese día o a llevar un brazalete o lazo negro para visibilizar su rechazo a la situación, en el caso de verse obligados a acudir por problemas de conciliación.
Otro grupo de padres se ha organizado a través del colectivo 'Familias en Folga' y han impulsado un manifiesto en el que avisan que no llevarán a los pequeños a clase por la falta de dotación de medios y recurso, e incluso llaman a prolongar esta protesta de forma indefinida mientras las aulas no sean seguras, educativas y justas.
Las organizaciones advierten del desconocimiento o de la preocupación que existe en las familias. De hecho, un grupo de padres de Brión denunció la tardanza para comunicar las normas y la falta de información sobre el servicio de comedor o los horarios de sus hijos, por lo que muchos afirman que no enviarán a sus hijos al centro.
Algunos centros tampoco arrancarán en condiciones adecuadas. La CIG ha denunciado que el CPI Mosteiro de Meis será obligado a iniciar la actividad este miércoles a pesar de carecer de equipo directivo.
Un positivo en las pruebas realizadas a los docentes obligó al cuadro de profesores a estar confinado desde el pasado fin de semana y no se pudo preparar en condiciones el comienzo de la actividad lectiva.
La CIG denuncia que el jefe territorial, César Pérez Ares, ha instado a iniciar el curso con normalidad en este centro, a pesar de las circunstancias y la falta de adaptación.
En este panorama, los equipos directivos y los ayuntamientos se encuentran trabajando a destajo para ultimar los detalles del regreso. En algunos casos, como en Arbo, el gobierno local ha tenido que reforzar mediante la contratación de una empresa externa al no contar ni con medios ni personal suficiente para cumplir con las obligaciones exigidas en el protocolo de las autoridades sanitarias.
Oroso, por su parte, ha aprobado una partida presupuestaria específica para reforzar los equipos de limpieza y desinfección, y ha criticado el "abandono" de la Xunta al respecto de la dotación de medios para cumplir con las instrucciones autonómicas.
Al respecto de esta cuestión, la Diputación de Pontevedra dio a conocer un informe en el que se advierte de que la desinfección de los centros escolares de infantil, primaria y especial con motivo de la COVID-19 "no es competencia propia de los municipios y supone una ampliación de las mismas que excede de la pura limpieza". Otros regidores también han pedido al Gobierno gallego que se encargue de facilitar los medios para hacer cumplir la normativa.
Otras entidades, como COGAMI, han llamado a Educación a ofrecer asesoramiento en materia de inclusión y ha tendido la mano de las entidades de personas con discapacidad para que el alumnado pueda regresar en igualdad de condiciones.
Los servicios complementarios gestionados por la Consellería de Educación empezarán a funcionar el mismo día de inicio del curso.
En suma, con 77.060 usuarios en los comedores escolares (11.416 en aquellos gestionados por ANPAs y ayuntamientos) en 417 gestionados por la Xunta, 281 de forma directa y 136 a través de empresas.
Las asociaciones de padres gestionan un total de 138 comedores, mientras que los ayuntamientos asumen unos 52. Educación ha destacado que ofrece subvenciones de los menús a 4.705 comensales en 52 centros de 12 municipios, y ofrece ayudas a ANPAs. También se subvenciona el servicio a 518 alumnos de centros de educación especial no públicos a través de 15 entidades.
El servicio de transporte prestará servicio a 86.957 alumnos de 774 centros públicos y 311 estudiantes de centros de educación especial a través del convenio con 13 entidades.
Educación ha recordado que cada centro cuenta con su propio plan de adaptación y de contingencia según el protocolo elaborado por la Xunta, y que se esperan un refuerzo docente de cerca de 1.000 profesores. En Infantil y primaria, se pone en marca 158 unidades nuevas, con 240 profesores para estas etapas.
Este alumnado, que tendrá que lavarse las manos al menos cinco veces, estará agrupado en grupos de convivencia estable, en los que podrán relacionarse sin mantener las distancias de seguridad, aunque sí tendrán que utilizar mascarilla y llevar una segunda de repuesto, además de un estuche para guardarla.
Cada centro organiza un circuito de entrada y salida, control de accesos vigilando las distancias, y con la distancia de seguridad de 1,5 metros en comedores. Asimismo, los padres tendrán que controlar la temperatura de sus hijos antes de mandarlos al centro, y dejarlos en casa si superan los 37,5 grados o si presentan síntomas relacionados con la COVID-19.
Coincidiendo con la huelga docente, están convocadas concentraciones a las 11,30 horas ante la Consellería de Educación, en San Caetano, ante los edificios administrativos de la Xunta en Ferrol, A Coruña, Vigo y Lugo, ante el Ayuntamiento de Ribadeo, la jefatura territorial de Educación en Ourense, el Ayuntamiento de Verín, en O Barco, en la praza da Peregrina de Pontevedra, en la Praza de Galicia de Vilagarcía de Arousa, y ante el Ayuntamiento de Cangas.
