miércoles 23.10.2019

Bomberos de Vigo llevan a juicio el decreto que los "exclaviza"

A juicio un decreto municipal que suspende los descansos de los bomberos, abocándolos a la "esclavitud"

 

Bomberos de Vigo llevan a juicio el decreto que los "exclaviza"
Bomberos de Vigo llevan a juicio el decreto que los "exclaviza"

Los juzgados de Vigo han acogido este miércoles dos vistas en una sala de lo Contencioso Administrativo por los recursos presentados por los sindicatos CIG y CUT, contra un decreto municipal que suspende sus descansos y les obliga a multiplicar horas extras, abocándolos a la "esclavitud".

Con motivo de la celebración de estos juicios, un centenar de bomberos y delegados sindicales se han concentrado a las puertas del edificio de los juzgados en Vigo, para recordar que el servicio no cuenta con personal suficiente y que, precisamente por ello, están en huelga desde mediados de agosto (aunque no se note, dicen, porque la actual plantilla no llega "ni para cubrir los servicios mínimos").

El decreto de la jefatura del servicio data del pasado mes de febrero, y en él se recoge que deben suspenderse los descansos para cubrir el mínimo de 20 funcionarios en servicio cada día. Como consecuencia de esta medida, han denunciado CIG y CUT, el servicio de bomberos acumula horas extras de forma "alarmante", no se respeta la legislación en materia de seguridad y salud laboral, se impide cualquier intento de conciliación, etc.

El portavoz de la CUT en el servicio de bomberos, David Mosquera, ha recordado que el decreto es "ilegal" y "no fue negociado". "No nos queda otra alternativa, porque no hay acercamiento a la plantilla para intentar solucionar la situación, y reivindicamos nuestros derechos laborales", ha indicado, y ha señalado que, debido a este decreto, se han llegado a hacer 120 horas laborales en 9 días.

Mientras, el delegado de la CIG, Miguel Uclés, ha denunciado que les imponen "una sobreexplotación laboral, que es vergonzosa en una administración pública", y con la amenaza de que, si se niegan, se arriesgan a ser suspendidos durante tres años de empleo y sueldo.

"El 30 por ciento de la plantilla está de baja porque no soporta esta carga de trabajo", ha lamentado, y ha advertido de que, en las actuales circunstancias, "no se puede garantizar la calidad del servicio", con unas condiciones de "esclavitud".

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