10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
La Fiscalía ha acusado a las entidades Unión Fenosa Distribución y Gas Natural –actualmente Naturgy–, de “práctica ilícita y abusiva” al incumplir la obligación de realizar las lecturas del consumo real de electricidad en los contadores y emitir las facturas en base a estimaciones.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña acogió ayer el juicio por la demanda colectiva que el Ministerio Fiscal presentó contra estas entidades basándose en las quejas recogidas en la Oficina Municipal de Atención al Consumidor del Ayuntamiento de A Coruña y en el Instituto Galego de Consumo, alegando que las compañías incumplieron la obligación legal de emitir facturas en base a la lectura real de los contadores.
El único en declarar en la sesión fue el responsable de Despliegue Equipos de Telegestión de Gas Natural Fenosa, quien aseguró ante el Tribunal que “el 98% de las mediciones” se realizan en base a “medidas reales” y que tan solo 2% serían estimaciones de la empresa. Ante el tribunal, aseguró que las mediciones estimadas se realizan por ausencias de lectura, y que estas se producen mayoritariamente por “fallos en el contador e incidencias en la red de comunicación”, provocados por la presencia de “ruidos” que interfieren en el proceso.
Facturación “indebida”
Sin embargo, frente a esto, el fiscal acusó a la empresa de cometer una “práctica ilícita y abusiva” al incumplir “de manera reiterada” la obligación de efectuar las lecturas del consumo real de electricidad y de comunicar esos datos a la empresa comercializadora, en los plazos establecidos por la normativa vigente.
“Se factura indebidamente por un consumo estimado”, asegura el fiscal, que sostiene que, por su parte, Gas Natural emitió reiteradamente facturas contra los consumidores en las que no se incluía el consumo real de electricidad. En su intervención, el representante del Ministerio Público cifró en un 9% el volumen de facturas con lectura estimada a fecha de febrero de 2016. Sin embargo la empresa rebaja esa cifra a un 2%. Ante estos hechos, la Fiscalía exige a la empresa que “ponga fin” a esta práctica. De no ser así, el representa del Ministerio Público solicita una multa coercitiva de 60.000 euros por cada día de retraso en dicha comunicación.
Por su parte, el letrado que defiende los intereses de la compañía negó cualquier tipo de “práctica abusiva” y asegura que la demanda de la Fiscalía “se limita a doce reclamaciones”. Aunque reconoce que hubo “incidencia puntuales” con los contadores debido a fallos en el sistema, asegura que no hubo “ninguna situación ilícita” ya que cumplieron en todo momento con la correspondiente “normativa” reguladora.
