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miércoles | 24 abril | 2024
El ministerio fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel para el administrador de una gestoría en la localidad de Burela, al que acusa de haberse quedado con 90.000 euros de un cliente que había sufrido un grave accidente de tráfico, así como la devolución de todo el dinero supuestamente cobrado de forma indebida y el pago de una multa de 4.300 euros.
De acuerdo con el relato del fiscal, la víctima –que entonces tenía 20 años de edad– se vio implicado en un grave accidente de circulación en el año 2005, a causa del cual sufrió “gravísimas lesiones medulares” que lo dejaron parapléjico.
Hospitalización larga
Al ver su familia que la hospitalización y recuperación iban a ser largas y penosas, decidió contratar los servicios de una gestoría con sede en Burela, para que se ocupase de tramitar “todo lo relativo a la indemnización” que el joven debía percibir, así como preparar eventuales acciones de cacácter judicial.
El acusado consiguió de sus supuestas víctimas un poder notarial en el que le atribuían “amplísimas facultades de administración y disposición” sobre sus bienes, además de solicitar el pago de 2.000 euros mensuales para hacer frente a eventuales gastos que pudiesen ir surgiendo en el proceso judicial.
“Ilícito enriquecimiento”
Para el ministerio fiscal, el acusado obraba “con ánimo de ilícito enriquecimiento” y durante los años 2006 y 2007 recibió dinero en mano por parte de las víctimas e hizo uso del poder notarial para retirar cantidades de dinero de la cuenta bancaria en la que el joven accidentado iba recibiendo las asignaciones correspondientes a su indemnización.
Según el ministerio público, llegó a facturar en esos dos años algo más de 90.000 euros.
En la vista oral que se celebró ayer por la mañana en la Audiencia Provincial, la representante del ministerio púbico afirmó que el acusado fue incapaz de explicar o de aportar testigos para aclarar “qué hizo” y poder justificar el cobro de esa cantidad y a qué destino el acusado todo el dinero del que se apropió durante los años 2006 y 2007.
Recordó que las supuestas víctimas estaban “en una penosa situación personal”, mientras que el gestor “iba pasando cargos”, lo que hace que los hechos juzgados sean “de mucha gravedad”.
A las peticiones de ministerio fiscal se unen las de la acusación particular, que incide en que la actuación del acusado estaba premeditada y planeada desde el inicio del proceso.
Concretamente opina que el procesado, dueño de una gestoría, puso en marcha desde el principio “un plan orquestado” para apropiarse de una importante suma de dinero “cuando vio las posibilidades de indemnización” con respecto a la víctima.
