El fiscal pide 27 años para un miembro de Resistencia Galega por el atentado en Baralla

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para el integrante de la organización terrorista Resistencia Galega, Raúl Agulleiro Cartoy, 27 años de cárcel por atentar contra el Ayuntamiento de Baralla, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2014.
El juicio oral se celebrará el miércoles 6 de julio y el jueves 7 por los delitos de pertenencia a organización criminal, depósito de aparatos explosivos y estragos terroristas.

estragos
Precisamente, el fiscal solicitó seis años de prisión por pertenencia a organización criminal, otros seis años por el depósito de aparatos explosivos y quince años de cárcel por los estragos terroristas.
El ministerio público también ha pedido para Argulleiro una inhabilitación absoluta superior a 10 años al de la duración de las penas de privación de libertad impuestas en la sentencia y libertad vigilada durante nueve años. Y, además, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la pertenencia a grupo terrorista.
El joven se encuentra en prisión provisional desde el pasado 6 de octubre de 2014, cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó su ingreso en prisión incondicional por estos hechos, al considerarles, tras tomarle declaración, indiciariamente autor del atentado contra el consistorio gallego.
El juez justificó su envío a la cárcel por su “peligrosidad procesal”, ya que a pesar de tener arraigo en España, la gravedad de la pena a la que podría ser condenado podría constituir una “tentación suficientemente intensa como para tratar de ponerse fuera del alcance del aparato judicial en caso de ser puesto en libertad”.

sedes del pp
El auto del magistrado constató que tenía en su domicilio de Santiago un plano de la ciudad de Pontevedra en el que aparecían “anotaciones manuscritas y marcados con círculo rojo o algún tipo de señal” las sedes del PP, el Ayuntamiento de la ciudad, la Residencia Militar y otros edificios oficiales.
Argulleiro también guardaba en su vivienda un juego de placas de matrícula, dinero en efectivo y material informático sobre la manipulación y activación de artefactos explosivos como el que se colocó en Baralla, así como información sobre “potenciales objetivos de ataques terroristas referidos a personas, organismos públicos y empresariales y sedes de partidos políticos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.