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martes | 23 abril | 2024
El Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) reclamará al Estado español 115 millones de euros si es declarado responsable civil subsidiario de la catástrofe medioambiental causada por el "Prestige" en noviembre de 2002.
Esa cantidad se corresponde con la que este organismo intergubernamental ya ha abonado al Estado español por los daños de la 'marea negra', que afectó a más de 1.700 kilómetros de costa, desde Portugal a Francia.
Además de los 115 millones abonados a España, el FIDAC ha pagado ya otros 5 millones a particulares españoles y franceses y tiene pendiente de distribuir algo más de 30 millones, debido a que en el momento del siniestro del "Prestige" el límite de indemnización estaba fijado por los convenios internacionales en alrededor de 151 millones.
El letrado Mikel Garteiz, que representa al FIDAC, ha presentado esta mañana sus conclusiones definitivas ante el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña que juzga los daños por la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España.
Ha explicado que la reclamación que el FIDAC al Estado español se basa en el convenio de este organismo de 1992 que contempla el "derecho de reembolso".
Garteiz ha defendido el trabajo realizado por los peritos del FIDAC y ha recalcado que sus cálculos de daños están "exhaustivamente documentados y técnicamente fundamentados".
Los informes periciales del FIDAC incidieron en que las reclamaciones por la catástrofe se caracterizan por la "exageración" y la "picaresca", según expuso ante el tribunal el pasado 5 de junio el director de la Oficina de Reclamaciones de este organismo en A Coruña, Juan Carlos García Cuesta.
De los 970 millones que reclama el Estado español, el FIDAC solo reconoce algo más de 300, y 38,5 de los 67,5 que solicita Francia por los daños sufridos.
En total, las Comunidades Autónomas reclaman 126 millones de los que el FIDAC solo reconoce 49 y advierte del hecho de que, curiosamente, Cantabria reclama 49 millones, mayor cantidad que la demandada por Galicia, 28 millones. El País Vasco exige 46 millones y Asturias solo 3.
Por su parte, los peritos judiciales nombrados por el juzgado de Corcubión, que instruyó la causa, sólo reconocen a España 184 millones y 34 a Francia.
El FIDAC denuncia, además, que la "exageración" está presente en buena parte de las más de 2.200 reclamaciones presentadas por particulares.
La letrada Julia García, que también representa al FIDAC, ha centrado su intervención en justificar la rebaja de más de 600 millones en las reclamaciones del Estado y ha calificado de "disparatados" muchos de los procedimientos seguidos para calcular los daños.
Así, ha dicho que muchos de los gastos no fueron acreditados y ha puesto ejemplos como que se compraron barreras anticontaminación de forma "exagerada" incluso "desoyendo" los criterios de los expertos.
"No vale de nada tener el asesoramiento de buenos técnicos si las decisiones se toman en función de criterios políticos o mediáticos", ha recalcado la letrada del FIDAC.
Otro ejemplo que ha puesto la abogada del FIDAC para explicar la rebaja aplicada a la reclamación del Estado es que de los 216 millones que se pagaron al sector extractivo por los paros temporales solo se reconocen 45, que son, ha subrayado, "los que se han acreditado debidamente".
El juicio del "Prestige", que comenzó el pasado 16 de octubre, ha entrado en su recta final con la presentación de las conclusiones definitivas de las numerosas partes personadas en la causa.
Abrió este turno el pasado 19 de junio el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, quien pidió una pena de 12 años para el capitán del "Prestige", Apostolo Mangouras.
Además, reclamó 4.328 millones de indemnizaciones por los daños de la 'marea negra', de los que 2.433 corresponden a Galicia.
Además de Mangouras se sientan en el banquillo de los acusados el jefe de máquinas del "Prestige", Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el único alto cargo de la administración española acusada en este proceso.
