jueves 22/10/20

Feijóo exige que se vele por el derecho de Galicia a coordinar sus aeropuertos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anima al Ministerio de Fomento a “acertar” con la coordinación aeroportuaria de Alvedro, Peinador y Lavacolla y recuerda que las tres han de estar reguladas bajo esta premisa, la clave, dado que es un “derecho” que tienen los gallegos.

gra098 madrid, 13/7/2014.- el presidente de la xunta, alberto núñez feijóo, reclama un equilibro entre el derecho a la información y el carácter secreto de los sumarios judiciales y pide una reacción ante las filtraciones para que "nadie discuta la objetividad y tampoco la independencia" de la justicia.en declaraciones a efe, expone que respetar la reserva sobre las actuaciones es el único camino porque "en un estado de derecho no puede ser que un ciudadano se entere por la prensa de lo que se le imputa, de lo que contiene un sumario y de una decisión judicial dos o tres días antes de que se le notifique".efe/pino
Núñez Feijóo, durante la entrevista en su despacho EFE/Pino

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anima al Ministerio de Fomento a “acertar” con la coordinación aeroportuaria de Alvedro, Peinador y Lavacolla y recuerda que las tres han de estar reguladas bajo esta premisa, la clave, dado que es un “derecho” que tienen los gallegos.
Su gobierno carece de competencias para hacerlo, puesto que estas corresponden al Ejecutivo central, por lo que reclama que se ejerzan para mejorar la conectividad, abaratar los costes y ofrecer el mejor servicio público, y para anticiparse, ya que cuando el AVE llegue a Galicia “lo que hoy pedimos se hará por sí solo”.
Feijóo recuerda que en 2009 él ya trasladó esta necesidad al entonces ministro, el socialista lucense José Blanco, pero no se produjo “resultado” alguno y cada aeródromo “hizo ahí lo que consideró oportuno” e igual actuaron los alcaldes, con “localismos” que “paga” la ciudadanía.
Recuerda que los aeropuertos no son de los alcaldes ni que estén en unos términos municipales determinados no “acredita” tal condición, porque de ser así, con los habitantes de Lugo y Ourense “¿qué pasa?, ¿son de segunda categoría y no pueden opinar porque no tienen ninguno en sus provincias?”, se pregunta.
Y concluye, “los aeropuertos son simplemente de Galicia”. Plantea a Ana Pastor que dado que el gobierno anterior no fue capaz de coordinarlos, lo haga.
Ha habido reuniones entre Aena, la Xunta y los alcaldes, y lo que queremos es “que concluyan” porque es de recibo el derecho a que “los gallegos podamos tomar vuelos a los precios correspondientes”.
Fomento “tiene que terminar su trabajo” y si no lo hace, Oporto se llevará a “la mayoría” de pasajeros del sur de Galicia.
Feijóo se refiere igualmente a otro ministro, el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lo hace por el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y confía en que en este proceso se “entienda” la realidad territorial de Galicia y se vea que la ordenación provincial no ha de tener aquí un rango superior.

En siete áreas
Compartiendo tanto el fondo como todos los principios básicos que inspiran esta reforma, apunta que Galicia está configurada, desde el punto de vista económico, social, político, sanitario y universitario, en siete áreas distintas, y no en cuatro.
Así, dice que la universidad comenzó en Santiago, que no era capital de provincia, y después A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Ferrol. “Si alguien viene ahora a Galicia a decir que la universidad es una por provincia, estaría rompiendo una historia de más de 500 años, los que tiene la USC”, ejemplifica.
Y añade que cuando se dice no a un partido judicial por provincia en Galicia, no es una cuestión política, dado que de lo que se trata es de que un modelo quizás sea “válido” para una comunidad pero no para otra que tiene a sus hospitales públicos, un servicio público esencial, configurados igualmente “en siete áreas”. Sin abandonar el ámbito judicial, Feijóo repara, como lo han hecho algunos magistrados, en las filtraciones de los sumarios bajo secreto, y demanda un equilibrio entre el derecho a la información y la reserva sobre las actuaciones cuando esté vigente.
Es la vía para que nadie ponga en discusión la objetividad e independencia, asegura, porque “en un Estado de derecho no puede ser que un ciudadano se entere por la prensa de lo que se le imputa”. n

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