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viernes | 19 abril | 2024
Una familia de Ourense, con un bebé de un año y otra hija en la adolescencia, tuvo que abandonar ayer la vivienda en la que residían en la capital ourensana desde hace un año, esto en régimen de alquiler, y el desalojo ocurrió por no poder hacer frente a los gastos derivados del piso y a la manutención.
La familia contactó con la plataforma Stop Desahucios al no poder asumir el pago de una deuda de 2.170 euros, puesto que solo contaban con una renta de integración social (Risga), y la situación fue de “o asumimos los gastos o pagamos la deuda”.
La dueña del inmueble, tras siete meses de impago, puso una demanda de desahucio cuando la familia le dejó de pagar, una situación que se originó cuando ambos se quedaron sin empleo.
Ante las protestas de decenas de ourensanos, que acompañados de pancartas coreaban cánticos de “más vivienda social y menos desahucio judicial”, la comisión judicial ordenó el desalojo de esta familia que, con la ayuda de integrantes de la plataforma Stop Desahucios, procedió a recoger las pocas pertenencias que tenía.
En medio de este proceso, se vivió algún momento de tensión entre los manifestantes y los agentes, que desplegaron un amplio dispositivo policial, integrado por miembros de la Policía Local y de la Policía Nacional.
En declaraciones a los informadores, la afectada María del Pilar lamentó la ejecución de desahucio después de los problemas sufridos en el último año y que resolvió con la localización de otro piso tras varios días “buscando” por la ciudad, con el temor “de que alguien me reconociera” ya que si conocían su caso no se lo alquilaban.
Por el momento, la familia ha encontrado un alquiler más bajo, a falta de resolver algunos problemas.
a toda prisa
“Todavía no tengo luz y gas, por las prisas”, detalló María, visiblemente emocionaba, y dijo que si pudo resolver su situación es por la ayuda “de la Plataforma Stop Desahucios de Ourense y no gracias a nadie más”.
Desde la plataforma critican que mientras tanto haya “15.000 viviendas vacías”, mientras “siguen echando a personas a la calle sin que la Xunta ofrezca una vivienda adecuada”.
En este sentido, un integrante de la plataforma, Roberto Pereira, acusó a las administraciones de responder “exclusivamente” a los intereses de las entidades financieras.
En vez de “ofrecer vivienda social”, las entidades “siguen especulando y alimentando productos tóxicos”, aseguró este integrante, quien advirtió de que no se trata del único caso en la provincia.
